Los familiares de las víctimas del Yak también piden la reapertura del caso

La Asociación de Familiares de víctimas del Yak 42 presentó ayer ante la Audiencia Nacional un recurso contra el archivo del caso sobre las identificaciones irregulares de los militares muertos y pidió la apertura de un juicio oral, citando al Ministerio de Defensa como presunto responsable civil subsidiario.

El recurso de esta asociación, que representa a más de 40 militares fallecidos en el siniestro aéreo, se suma al presentado el jueves por el fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos contra la decisión del juez Fernando Grande-Marlaska de archivar la investigación sobre las irregularidades en la identificación de los cadáveres de 30 de los 62 militares muertos en el accidente de aviación de Turquía.

En su recurso, la asociación de familiares pide revocar el auto judicial y dictar uno nuevo que ordene la citación al Ministerio de Defensa en calidad de presunto responsable civil subsidiario, además de continuar las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado. Las familias exponen que el juez instructor se ha extralimitado en sus funciones, no ha valorado los indicios de criminalidad y "se ha constituido en juzgador sin celebrar juicio y sin practicar personalmente ninguna diligencia de prueba desde que asumió dicho cargo".

En el escrito, la asociación afirma que Grande-Marlaska "no tomó en consideración como objeto de falsedad todos los documentos que obran en el expediente, sino sólo las necropsias y los certificados de defunción, omitiendo los informes realizados y las notas identificativas".

Manifiestan los familiares que las consecuencias que se derivan de las falsas identificaciones "no son solamente daños morales, tal y como afirma el juez, sino que por el contrario tales falsedades han dado lugar a numerosas e importantes consecuencias materiales concretas y también a consecuencias potenciales muy relevantes", entre ellas herencias y material genético. La asociación concluye que "la falta de veracidad en la identidad que consta en los documentos públicos es el elemento esencial del delito". Las familias de los comandantes Novo y Fernández, que perdieron la vida en el accidente, también han apelado el auto de Grande-Marlaska.

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