Caso gürtel

El fiscal pide 76 años de cárcel para Correa y 40 años para El Albondiguilla

  • El presunto cerebro de la Gürtel y el alcalde de Boadilla están procesados en la pieza separada sobre la actuación de la trama en el municipio, en la que se acusa al PP de lucrarse de la red.

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La Fiscalía pide 76 años y 7 meses de cárcel para el líder de Gürtel, Francisco Correa; 40 años y 9 meses para el ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, El Albondiguilla, y 23 años y medio para el ex diputado del PP Alfonso Bosch por la actividad de esa red en el citado municipio.

En su escrito de acusación, Anticorrupción reclama además 64 años y 7 meses de prisión para el número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, otros 22 para el ex concejal José Galeote, 39 y un mes de cárcel para el ex jefe de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla César Tomás Martín Morales, y 2 años y medio para el ex alcalde de la localidad Juan Jesús Siguero, que sucedió a González Panero. Todos ellos están procesados en la pieza separada sobre la actuación de Gürtel en Boadilla en la que se acusa a un total 27 personas, así como al PP en calidad de responsable civil como partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado de 204.198 euros de la red.

El PP figura también como partícipe a título lucrativo en los procedimientos que afectan a la trama en los municipios madrileños de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda. Según el escrito, de 172 páginas, la red mafiosa pagó a los políticos del PP, en forma de regalos o dinero, a cambio de interceder en adjudicaciones públicas de Boadilla, llegando la trama a dirigir en la práctica toda la contratación pública en Boadilla. Los pagos ascendieron a 1.800.000 euros en el caso de González Panero, a 2.702.315 euros en el de Correa y a 1.327.235 en el de Martín Morales, mientras que Bosch llegó a embolsarse 941.652 euros, Crespo 593.000 y Galeote 557.609 euros

Parte de los fondos percibidos por El Albondiguilla, Crespo y Martín Morales se ocultaron, según la Fiscalía, en cuentas abiertas en sucursales bancarias suizas abiertas a nombre de sociedades panameñas. De hecho, la cuenta que habría utilizado Crespo a nombre de Mall Business se habría bloqueado por las autoridades suizas con un saldo de 1.557.379 euros en 2012, mientras que la usada por González Panero a nombre de Longridge International fue bloqueada con un saldo de 120.379 euros en 2015.

Los hechos investigados habrían ocasionado un perjuicio al Ayuntamiento de Boadilla de al menos 4.072.000 euros por la adjudicación eventualmente irregular de una parcela a la entidad UFC, y a la EMSV de un mínimo de 960.000 por el canon dejado de abonar por Artas Consultoría. A estas cantidades se añaden otros 31.215 euros por el sobreprecio abonado con motivo de actos adjudicados a las empresas vinculadas a Correa y que estaría "destinado al PP y a Alfonso Bosch", ex diputado regional de Madrid.

Todas estas actuaciones se habrían cometido, según la Fiscalía, "con la finalidad de enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos por el grupo liderado por Correa en Boadilla del Monte de 2001 a 2009", que "incorporaría funcionarios y autoridades de dicho municipio a cambio de la correspondiente comisión". "Especialmente en la EMSV, entidad que controlaban de facto a través de sus sucesivos gerentes y a la que consecuentemente transferían desde el ayuntamiento la contratación de distintos servicios consiguiendo de esta forma también eludir los controles, entre otros, de la oposición política y de la Intervención".

De este modo, la red habría favorecido la contratación de la entidad Sufi, gestionada por Rafael Naranjo con la colaboración de su hijo Gonzalo Naranjo Villalonga, de sociedades relacionadas del constructor Alfonso García-Pozuelo Asins y de la mercantil UFC, gestionada por José Luis Ulibarri Comerzana. Además de Tecnología de la Construcción S.A. (Teconsa), gestionada por Jose Luis Martínez Parra; de Artas Consultoría S.A., tras la que se ocultarían algunos de los miembros del grupo liderado por Francisco Correa, y de las sociedades de eventos vinculadas a este último.

Los hechos en general serían constitutivos de delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales.

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