El Tribunal Supremo (TS) ha señalado para el próximo 24 de enero el inicio del juicio por prevaricación al juez Baltasar Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, hechos por los que las acusaciones piden para él hasta 20 años de inhabilitación. En una providencia notificada este lunes, la sala que debe juzgar a Garzón por estos hechos -por los que la Fiscalía pide su absolución al considerar que no constituyen delito alguno- fija ese día para la práctica de las cuestiones previas y el día 31 para la declaración del acusado y de los testigos.

A pesar de que, de las tres causas en las que el Supremo investiga al juez, ésta fue la primera que comenzó a instruirse, la fecha de la vista oral ha tardado más de un año y medio en ser fijada desde que, el 12 de mayo de 2010, el instructor de la causa, el magistrado Luciano Varela, acordara abrir juicio oral a Garzón por estos hechos. De este modo, el juez se sentará en el banquillo por esta causa cuando ya haya sido juzgado por ordenar intervenir las comunicaciones que algunos de los imputados en el caso Gürtel mantuvieron en prisión con sus abogados, ya que este juicio ha sido señalado para el 17 de enero.

Los hechos por los que Garzón deberá responder a partir del próximo 24 de enero se remontan al 16 de octubre de 2008, cuando se declaró competente para investigar las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos durante el franquismo y autorizó la apertura de 19 fosas en toda España, entre ellas la que se suponía albergaba los restos del poeta Federico García Lorca. La investigación no avanzó mucho, porque el 28 de noviembre de ese mismo año el pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional (AN) estimó el recurso de la Fiscalía y, por catorce votos a tres, consideró que Garzón carecía de competencia para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.

El 27 de mayo de 2009, el TS admitió a trámite una querella por prevaricación que el sindicato Manos Limpias -sin representación en ningún centro de trabajo y representado por el exdirigente de Fuerza Nueva Miguel Bernard- presentó contra el juez alegando que cuando se declaró competente ya sabía que no lo era. Un mes después, el Supremo admitió otra querella en el mismo sentido de la asociación Libertad e Identidad y, en enero de 2010, hizo lo propio con una tercera de Falange Española de las JONS, que terminaría excluida del procedimiento por no subsanar a tiempo los defectos observados en su escrito de acusación.

La instrucción concluyó en mayo de 2010, cuando Varela abrió juicio oral a Garzón, del que había dicho en autos anteriores que abrió la causa del franquismo "consciente de su falta de competencia y de que los hechos denunciados ya carecían de relevancia penal" y haciendo caso omiso "de leyes democráticamente aprobadas, como la Ley de Amnistía 46/1977". Desde entonces no ha habido más novedad en la causa que la resolución, el pasado 13 de junio, del incidente de recusación que Garzón presentó contra cinco de los siete magistrados designados para juzgarle y que fue admitida por el Supremo, que consideró "justificadas" las "sospechas o recelos" del juez y les apartó del caso.

Garzón también ha recusado a la mayor parte -seis de siete- de los magistrados que deben juzgarle por las escuchas de la Gürtel, causa para la que ya se ha fijado la fecha del juicio -el próximo 17 de enero, aunque en un primer momento se señaló para mañana- pese a no haberse resuelto todavía ese incidente. De hecho, fuentes jurídicas han informado este lunes de que el instructor de las recusaciones, el magistrado Miguel Colmenero, ha remitido estas este lunes a la sala del 61 del alto tribunal para que se pronuncie sobre las mismas.

Aparte de la del franquismo y la de las escuchas de la Gürtel, el Supremo investiga a Garzón en una tercera causa por los cobros recibidos de varias entidades durante su estancia en la Universidad de Nueva York en los años 2005 y 2006.