Caso nóos

El fiscal mantiene la petición de 19 años y medio de cárcel para Urdangarín y exculpa a la infanta Cristina

  • Horrach no ve arrepentimiento en el ex duque de Palma. Solicita otros 16 años y medio para Diego Torres por urdir y liderar la trama. Manos Limpias se reafirma en pedir 8 años para la hermana del Rey por ser colaboradora necesaria.

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El fiscal anticorrupción Pedro Horrach mantiene su petición de 19 años y medio de cárcel para Iñaki Urdangarín, y de 16 y medio para su ex socio, Diego Torres, por urdir y liderar una trama empresarial con la que lograron apoderarse de hasta 6,2 millones de euros de las Administraciones públicas eludiendo los requisitos exigidos por las normas de contratación pública. Asimismo, no altera su postura en relación con la infanta Cristina, para quien no pide ninguna condena aunque la considera responsable civil a título lucrativo y señala que ya ha aportado toda la cuantía que se le solicitó, que fueron 587.413 euros. 

En la presentación de sus conclusiones ante el tribunal, el fiscal únicamente ha añadido un cambio en relación con la infanta respecto a la petición inicial al indicar que "ha consignado la cantidad total que se le solicitaba en concepto de responsabilidad como partícipe a título lucrativo", ha dicho el fiscal. 

En cuanto a Urdangarín, del Ministerio Público ha decidido no modificar su solicitud después de que ninguno de los dos acusados haya mostrado arrepentimiento ni haya devuelto la cantidad supuestamente defraudada. Según Horrach, Urdangarín y Torres pusieron en marcha una estructura hueca de contenido real y urdieron "una maraña de facturación ficticia" para hacerse con el dinero público. Y para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron "a su antojo" junto a otras mercantiles de su propiedad para que "operasen al servicio de sus intereses comerciales". 

Un requisito indispensable para que el fiscal pudiera rebajar la pena a ambos acusados pasaba por que hicieran frente a una solicitud de 6,2 millones de euros en responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Baleares (2,6 millones de euros), Comunidad Valenciana (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros). 

El fiscal mantiene las mismas penas para todos los acusados excepto para la ex consejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen y para los ex altos cargos de Baleares acusados, para quienes rebaja su petición: el ex presidente del Govern Jaume Matas (que pasa de 11 a 5 años al tener en cuenta las atenuantes de colaboración y reparación del daño); el ex director general de Deportes del Govern balear, José Luis Pepote Ballester; el ex gerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; el ex gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, y el ex asesor jurídico de esta empresa Miquel Àngel Bonet. 

Mientras tanto, la Fiscalía reclama dos años de cárcel para la mujer de Torres por un delito de blanqueo de capitales, y otros dos años para el hermano de ésta y excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro.

El fiscal subraya cómo para defraudar a las instituciones públicas tanto Urdangarín como Torres fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de empresas controladas por los dos imputados. 

Se trata de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, mercantiles de las que eran propietarios y administradores y que, junto al propio Instituto Nóos, han centrado el foco de atención de las investigaciones.  

Manos Limpias solicita los ocho años para la Infanta

Por su parte, el sindicato Manos Limpias, única acusación que reclama pena de cárcel para la infanta Cristina, ha acordado mantener su petición de ocho años de prisión contra la ex duquesa al considerarla cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que su marido. Así lo han confirmado fuentes del caso, que han precisado que la entidad considera que no hay motivos para rebajar la solicitud de pena puesto que la hermana del rey Felipe VI, a su juicio, no ha colaborado con las investigaciones y, además, se negó a responder durante su declaración en el juicio a las preguntas que no procedieran de su propio abogado. 

Es más, para justificar su solicitud de ocho años de cárcel -cuatro por cada uno de los dos delitos contra Hacienda-, la letrada que representa a Manos Limpias en este proceso, Virginia López Negrete, apunta que la acusada incurrió en una agravante, y fue el haber interpuesto una sociedad, Aizoon, para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios. 

De hecho, sostiene que la infanta contribuyó, como socia de Aizoon, a que su esposo pudiera valerse de esta empresa 'pantalla' para facturar a través de la misma, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta. 

El sindicato reclama asimismo para la infanta el pago de 2.022.861 euros, y que se le impida obtener subvenciones o ayudas públicas y gozar de beneficios fiscales durante un periodo de seis años. La abogada mantiene intacto, de este modo, el escrito de calificación que presentó antes de que el juez José Castro abriera juicio oral contra la exduquesa y los otros 16 acusados de la causa. La letrada subraya que la defraudación presuntamente efectuada por Urdangarín, que asciende a un total de 337.138 euros, "nunca hubiera podido tener lugar" sin la "necesaria intervención" de Cristina de Borbón. 

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