El fiscal mantiene su petición de 8 a 11 años de prisión a captadores de yihadistas de la M-30

  • El magistrado asegura que los detenidos hubieran golpeado en España si no podían ir a Siria.

El fiscal Daniel Campos ha mantenido este jueves en el juicio su petición de ocho años de cárcel para ocho acusados de captar yihadistas en la mezquita de la M-30 de Madrid y de once y medio para su líder, el marroquí ex preso en la base estadounidense de Guantánamo Lahcen Ikassrien. 

El representante del Ministerio Público acusa a todos ellos de integración en organización terrorista y en el caso de Lahcen Ikassrien solicita más pena al considerar que como "líder carismático" del grupo era dirigente de la célula desarticulada en 2014 en Madrid, además de atribuirle un delito de falsificación de documento oficial. 

Por su parte, la acusación ejercida por la Asociación Víctimas del Terrorismo ha elevado también a definitiva su petición de dieciséis años de prisión para Lahcen Ikassrien y de diez para el resto de acusados, mientras que las defensas han reclamado la absolución de todos ellos. 

El fiscal les acusa de integrar la Brigada Al Andalus, radicada en Madrid, que supuestamente recaudaba dinero en la mezquita de la M-30 para financiar sus actividades de adoctrinamiento y envío de muyahidines a Siria e Irak. 

Según la Fiscalía, los acusados captaban a yihadistas en la mezquita de la M-30, les adoctrinaban en casas y en una tetería de Torrejón de Ardoz (Madrid) y les enseñaban con prácticas a ser muyahidines en zonas de campo de los alrededores del madrileño pantano de El Atazar y en una finca de la provincia de Ávila.

España, segundo objetivo

El magistrado Campos ha advertido de que los yihadistas captados podrían haber "golpeado" en España si no lograban su primer objetivo de ir a Siria. 

En la recta final del la vista que celebra la Audiencia Nacional el representante del Ministerio Público ha mantenido su petición de ocho años de cárcel para ocho acusados y de once y medio para su líder, el marroquí exrecluso en la base estadounidense de Guantánamo Lahcen Ikassrien. 

Les acusa de integración en organización terrorista y en el caso de Lahcen Ikassrien solicita más pena al considerar que como "líder carismático" del grupo era dirigente de la célula, además de atribuirle un delito de falsificación de documento oficial. 

Por su parte, la acusación ejercida por la Asociación Víctimas del Terrorismo ha elevado también a definitiva su petición de dieciséis años de prisión para Lahcen Ikassrien y de diez para el resto de acusados, mientras que las defensas han reclamado la absolución de todos ellos. 

El fiscal cree que en el juicio se ha acreditado que los acusados integraban la Brigada Al Andalus, radicada en Madrid, que supuestamente recaudaba dinero en la mezquita de la M-30 para financiar sus actividades de adoctrinamiento y envío de muyahidines a Siria e Irak. 

Dos días después de la masacre cometida en el aeropuerto de Estambul (Turquía), el fiscal ha comenzado su informe destacando que "una de las más importantes amenazas para la seguridad internacional es el terrorismo yihadista, cuya capacidad para golpear es evidente". 

Ha añadido que la organización terrorista DAESH ha tejido una red de reclutamiento de personas que llega hasta "el rincón más apartado del mundo" para que actúen bajo la bandera de un mandato religioso que moviliza a un gran número de fieles independientemente del lugar donde se encuentren. 

Ha comentado que ya se han producido numerosos llamamientos a la yihad global por parte de líderes de Al Qaeda y del Estado Islámico para que los islamistas más radicales den el paso a ser muyahidines y se desplacen a la zona de conflicto y si no les es posible "golpeen" en los países en los que se encuentren. 

Para ello "cualquier método y cualquier arma que estén a su alcance son buenos, ya sea un explosivo o un cuchillo", ha aclarado el fiscal. 

De esta forma ha estimado que los yihadistas captados por los acusados, muchos de los cuales llegaron a Siria y algunos de ellos ya han muerto combatiendo, podrían haber decidido atentar en territorio español si no lograban abrir la "ventana" de salida a la zona de conflicto. 

Ha explicado que los acusados sometieron a las personas a las que captaban a un proceso de adoctrinamiento y radicalización para conseguir en ellos una justificación y predisposición para cometer acciones violentas antes de su incorporación como combatientes del Estado Islámico en Siria o para "golpear" en España si no lograban desplazarse. 

Según el fiscal, los acusados captaban a yihadistas en la mezquita de la M-30, les adoctrinaban en casas y en una tetería de Torrejón de Ardoz (Madrid) y les enseñaban con prácticas a ser muyahidines en zonas de campo de los alrededores del madrileño pantano de El Atazar y en una finca de la provincia de Ávila. 

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