La campaña electoral catalana ha provocado el retraso en el inicio del trabajo de la Comisión Territorial creada en el Congreso, porque PP y PSOE han considerado que era más adecuado no comenzar las reuniones hasta que no se apaciguara el escenario político. Pero la reforma de la Constitución está ya en marcha, no hay vuelta atrás. Mariano Rajoy se ha comprometido a apoyar la propuesta presentada por Pedro Sánchez hace pocos meses.

No significa la elaboración de una nueva Carta Magna, sino reformar un texto con 40 años de historia que necesita adecuarse a los tiempos y, también, que algunos de los puntos de la Constitución del 78 deben ser mejor definidos y completados para solucionar problemas surgidos posteriormente y que no encuentran referentes en el texto vigente.

PSOE, PP y C's tienen la necesidad de acordar pactos definitivos sobre la financiación territorial

La prueba de que no se trata de redactar una nueva Constitución es que tanto PP como PSOE, principales protagonistas del Pacto constitucional del 78 junto a los comunistas y los nacionalistas vasco y catalán, coinciden en que impulsan una reforma, no una ruptura -términos que fueron muy utilizados en la Transición-, que no recoge cambiar el artículo que da prevalencia al varón sobre la mujer en la línea de sucesión de la Corona, tampoco que el Estado recupere competencias hoy transferidas a las comunidades, y no se van a anular los conciertos económicos vasco ni navarro y, por tanto, seguirá existiendo el Cupo en Euskadi. Aunque en este punto creen que habría que buscar la fórmula para que éste venga determinado por parámetros previamente fijados, para impedir que se convierta en moneda de cambio entre los gobiernos de Madrid y Vitoria.

el futuro del senado

Esto indica que los trabajos de la Comisión Territorial que echa a andar en enero estarán muy centrados en la territorialidad, en el famoso Título VIII tan cuestionado y que centra las principales polémicas surgidas en torno al Estado Autonómico. Entre ellas, el papel del Senado, una institución sobre la que todos piensan que debe ser convertida en Cámara territorial con todas sus consecuencias, en la que además de sentarse representantes de los parlamentos autonómicos -convertida en una especie de injusto cementerio de elefantes- sea sede de debates de las grandes cuestiones que afectan a los territorios, y no una Cámara de segunda lectura en la que, de vez en cuando, hay citas de presidentes en las que, con excepción de la última convocatoria, se reunían en un almuerzo con el Rey, acudían al Senado para leer un discurso y regresaban a su ciudad. Punto.

En la última, celebrada el pasado enero y a la que no acudió Puigdemont, se analizaron en profundidad los problemas más acuciantes, fundamentalmente los de financiación, se aprobaron medidas prácticas como la tarjeta social universal para que no se acumularan prestaciones de distintas entidades y, en cierto modo, se promovió la creación de la reforma constitucional que ahora se inicia, al insistir en la necesidad de llegar a acuerdos definitivos sobre la financiación territorial. Rajoy se comprometió a que se aprobara ese sistema antes del fin de 2017, promesa no cumplida. Pero sí se ha reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera -el ministro con los consejeros económicos-, con la ausencia del catalán, y en los asuntos fiscales se van a centrar los miembros de la Comisión Territorial del Congreso.

todos decidirán

La comisión tiene seis meses de plazo para culminar su trabajo, el periodo concertado entre Sánchez y Rajoy. Las propuestas a las que llegue se trasladarán a una subcomisión Constitucional, que concretaría las que le lleguen de la Territorial, que es la que llevará el peso de los trabajos.

La Comisión Territorial cuenta con un presidente cuya trayectoria demuestra que Sánchez se ha tomado muy en serio todo lo relacionado con la Constitución y está decidido a que las negociaciones con el PP lleguen a buen puerto. José Enrique Serrano ha sido jefe del Gabinete de los presidentes González y Zapatero y conoce como nadie las estructuras del Estado. Pero no es ése su principal bagaje político; ha sido quien, en nombre de los gobiernos socialistas y del PSOE, ha urdido las grandes negociaciones con los ejecutivos del PP y con los populares. Todas. Sobre todo las más delicadas, relacionadas con el terrorismo, la Justicia y la Defensa. Es un hombre tan respetado en el PSOE como en el PP, que cuando escucha su nombre como negociador de la otra parte no disimula su alivio.

Es importante esa sintonía, pues en la Comisión Territorial la carga del resultado estará en manos del PP y PSOE, ya que aunque participa Ciudadanos, Podemos, ERC, PDeCAT y PNV se han negado a formar parte, ya que apostaban por una revisión en profundidad de la Constitución y, en algunos casos, que incluyera también la forma de Estado.

La portavoz socialista va a ser Adriana Lastra, pero será Patxi López quien lleve el peso de las negociaciones para que se concrete un texto conjunto. José María Bermúdez de Castro, diputado con décadas de experiencia, será el portavoz del PP, y Luis Prendes, de Ciudadanos. Pero el hacedor de todas las mimbres será Serrano, que ha mantenido ya varias conversaciones con Bermúdez de Castro antes incluso de que se inicien los trabajos formales y que mantendrá una línea de comunicación muy fluida con Soraya Sáenz de Santamaría.

Todos los que forman parte de esa Comisión han leído en profundidad un informe de decena de constitucionalistas de diferentes ideologías, con el jurista Santiago Muñoz Machado como principal cabeza, donde se incide en las cuestiones que deben ser abordadas en una futura reforma de la Constitución, redactada en términos de máximo rigor, que recoge el sentir de muchos españoles de sentido común, y que insiste en las cuestiones de financiación como un problema a subsanar.

Entre los puntos más destacados, que todos deben formar parte de las decisiones que afecten a todos, que no es necesario definir el Estado como federal, pero sí sería conveniente adaptar el Estado autonómico a los mecanismos eficaces en los modelos federales, que deben quedar muy claras y definidas las competencias transferidas y que Cataluña es un problema que se debe abordar de forma singular pero que cualquier decisión sobre esa región debe ser aceptada por las demás.