Los armadores de los buques atuneros que faenan en el Índico mantendrán la seguridad privada a bordo para repeler ataques de piratas somalíes y asumirán el coste, estimado en 4 millones anuales, tras la decisión del Gobierno de retirar de los presupuestos su partida para 2012.

La seguridad es "prioridad máxima" y se mantendrán los agentes privados de seguridad embarcados en cada uno de los cerca de veinte barcos que operan actualmente en las costas de Somalia y el Golfo de Adén. Así lo pone de manifiesto el gerente de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (Anabac-Optuc), Juan Pablo Rodríguez, quien recalca además que sería "insostenible" reducir la seguridad de la flota pesquera.

Hasta ahora cuatro agentes de empresas privadas de seguridad van embarcados en los pesqueros que trabajan en esas peligrosas aguas, en las que está activa la operación Atalanta de la UE contra la piratería, a la que España aporta un barco -la fragata Reina Sofía- y un avión de vigilancia marítima. El Estado se hacía cargo desde 2010 del 25% del coste de la seguridad privada utilizada por los buques para evitar ataques piratas, mientras que otro 25% era subvencionado por las comunidades autónomas donde estos barcos tienen la base -País Vasco y Galicia-, y el 50% restante corría a cargo de los propios armadores.

Los dos últimos años el Ejecutivo concedió estas ayudas por un importe estimado de dos millones de euros.

A pesar de la aportación cero del Estado para este año, "no disminuiremos la seguridad, porque nos jugamos mucho", asegura Rodríguez, quien confía en que los Presupuestos de 2013 retomen las ayudas recibidas hasta ahora.

El representante de los armadores se muestra agradecido con la colaboración del Gobierno y concretamente de los ministerios de Defensa y de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, para dar respuesta al problema de la piratería en el Índico. Con el objetivo de abordar la nueva situación y mantener la colaboración, tanto la Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores como la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac) han venido manteniendo contactos con representantes de ambos ministerios.

No obstante, Rodríguez afirma que el Gobierno es consciente del problema de la piratería y que el coste de la seguridad es un problema sobrevenido.

Por otra parte, los armadores confían en que se firme pronto un acuerdo entre España y Seychelles para permitir el embarque de armas pesadas, de mayor calibre, en los atuneros, uno de los asuntos que dejó pendiente el anterior Gobierno y el concreto la ex ministra de Defensa, Carme Chacón.

Existe una comisión bilateral, formada por civiles y militares, que estudia el embarque de armas de mayor calibre y así pasar de usar armamento de calibre 7,62 a 12,70, una reivindicación de los armadores.

"Ahora puede ser un buen momento para retomar el acuerdo con Seychelles", confiesa el gerente de los armadores.

En todo caso, estos armadores seguirán recibiendo las ayudas que concede el Gobierno vasco. "Nosotros mantenemos nuestro compromiso de ayudar a garantizar la seguridad de los tripulantes", explican fuentes del departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo de Vitoria.

La posición del Gobierno gallego es diferente, sin embargo. Desde la Consejería de Medio Rural y Mar recuerdan que el acuerdo de financiación fue pactado por el Gobierno que presidía Rodríguez Zapatero sin contar con Galicia y añadieron que la Xunta es partidaria de que los atuneros que faenan con pabellón español cuenten con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado embarcados para garantizar su seguridad.