La clase política española va a agradecer, en sólo unos días, todo el descanso y el relax propios de las vacaciones de agosto. La vuelta al trabajo que les espera en septiembre va a ser de todo menos sosegada.

Si el Gobierno se despidió del curso 2009-2010 con el mal sabor de boca del fracaso del diálogo social y las tiranteces con la patronal, los retos que le esperan a la vuelta de vacaciones no son más sencillos.

En el Congreso de los Diputados, el foco estará puesto en el portavoz socialista, José Antonio Alonso y en su número dos, Eduardo Madina. Sobre sus hombros, aunque no se puede descartar la intervención de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega o una llamada de última hora de Zapatero, está la responsabilidad de recabar los apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2010.

Antes de irse de vacaciones, la votación del techo de gasto salió adelante gracias a la abstención de los diez diputados de CIU. Sin embargo, y una vez que la financiación para Cataluña ha sido aprobada -ERC tuvo un papel decisivo en la cifra final-, los socialistas querrían buscar en la izquierda sus apoyos para la votación de los PGE.

Sin embargo, como ya dejó claro el portavoz de ICV, Joan Herrera, su voto favorable pasa por un viraje claro hacia la izquierda en política fiscal, es decir, subir los impuestos a las clases más ricas.

Una sentencia del Tribunal Constitucional favorable al Estatut podría venir como agua de mayo para facilitar las reticencias entre la izquierda parlamentaria.

La presión para el Gobierno también se traslada a su frente con la oposición. El PP ha alimentado durante todo el verano la crispación con el Ejecutivo al acusar al mismísimo presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, de orquestar una campaña de ataques contra el PP en la que estarían incluidas escuchas telefónicas ilegales y las filtraciones del sumario del caso Gürtel a la prensa.

Tanto el presidente del PP, Mariano Rajoy, como la número dos del partido, María Dolores de Cospedal, siguen insistiendo en que el Gobierno les espía. Sin embargo, después de varias semanas de lanzar acusaciones, todavía no han presentado pruebas de las escuchas y tampoco han dado los nombres de los cargos cuyos teléfonos pudieran estar 'pinchados'.

Por su parte, el PP, que ya ha anunciado que quiere llegar al fondo de la cuestión de las supuestas escuchas telefónicas, ha llenado su agenda para el inicio del nuevo curso.

En las primeras semanas del otoño, se proclamará la candidata popular para las elecciones en Cataluña (Alicia Sánchez-Camacho), se organizará un acto con alcaldes populares y otra reunión con los consejeros de Sanidad de las Comunidades donde gobierna el Parido Popular. Como colofón a esta intensa actividad, en la segunda quincena de octubre está prevista la celebración de una Convención del Partido Popular que, con toda probabilidad, según fuentes de Génova, se celebrará en Cataluña.