El presidente de Sortu, Hasier Arraiz, ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a dos años de prisión e inhabilitación para cargo público por un delito de integración en organización terrorista, por lo que tendrá que dejar su escaño en el Parlamento Vasco pero no ingresará en prisión. La inhabilitación impuesta en la sentencia, que se articula sobre la base del acuerdo entre la Fiscalía y el acusado, afecta al desempeño de cargo público de ámbito municipal, provincial, autonómico, estatal y europeo por el tiempo de condena.

Por su condición de parlamentario vasco, la causa contra Arraiz se desgajó del proceso principal que se siguió en la Audiencia Nacional contra 35 acusados de formar parte de la Mesa Nacional de Batasuna, reunida en la localidad de Segura (Guipúzcoa) en octubre de 2007, y que se resolvió con un acuerdo entre las partes por el que asumían los hechos pero no ingresaban en prisión, al igual que el presidente de Sortu.

Tras conocer la sentencia, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha opinado que la condena es una "solución judicial" que hay que valorar, ya que es fruto de un acuerdo entre la defensa y la Fiscalía, que ha situado a Arraiz en "una posición no objetivamente peor que el colectivo" que fue condenado por la Audiencia Nacional.

También se ha pronunciado sobre la sentencia el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, quien ha dicho que la condena es lo que "parecía más lógico a estas alturas" en un sumario que "se ha escrito con renglones torcidos". La portavoz de Sortu Maite Ubiria ha expresado su "satisfacción relativa" por la condena a Arraiz y ha añadido que la fórmula del acuerdo "es válida y viable" para "encontrar soluciones a todas las consecuencias del conflicto", tanto "en materia de víctimas como en la de la excarcelación de presos" de ETA.

Por su parte, el portavoz de EH Bildu Pello Urizar ha considerado un "sinsentido" la condena a Arraiz, de quien ha dicho que "no ha hecho más que trabajar en política por conseguir que Euskal Herria entre en un nuevo ciclo de paz". El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, no ha opinado sobre la sentencia, aunque ha mostrado su "sorpresa" por los "abrazos" del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, al de Sortu, Hasier Arraiz, a la entrada de la vista del juicio.

La secretaria general de Podemos en Euskadi, Nagua Alba, ha considerado "llamativo" y ha lamentado que la causa contra Arraiz haya tardado en resolverse siete años. El secretario general de los socialistas guipuzcoanos, Iñaki Arriola, ha afirmado que "no ha sido una sorpresa" la condena a Arraiz, puesto que la sentencia "recoge" el pacto del acusado con la Fiscalía. Las acusaciones populares, representadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia, han anunciado que no recurrirán la sentencia.

El presidente del Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha señalado que la sentencia es "lo esperado", porque actualmente la Justicia "está en esa línea", en tanto que el abogado de la AVT, Antonio Guerrero, ha señalado que "en principio" tampoco presentará un recurso, ya que se trata de "una cuestión de valoración de penas, y eso es muy difícil ganarlo" en un recurso de casación. Estas dos acusaciones no rubricaron el acuerdo entre el Ministerio Público y el letrado de Arraiz, por lo que mantuvieron en el juicio su petición de 10 años de pena para el acusado.

En el juicio, el presidente de Sortu reconoció de manera expresa e íntegramente los hechos que se le imputaban, incluida la integración en organización terrorista, al tiempo que rechazó expresamente cualquier actitud violenta y reconoció el daño causado a las víctimas del terrorismo. El TSJPV ha resuelto imponer a Arraiz la pena prevista en el subtipo atenuado de delito de terrorismo recogido en el artículo 579 bis 4 del nuevo Código Penal, al tiempo que reconoce el atenuante de dilación indebida del proceso, como solicitaron el fiscal y el letrado de la defensa.