Un tercio de los 115 ex presos políticos cubanos y 652 familiares que comenzaron a venir a España hace dos años, fruto del acuerdo entre el régimen castrista y el anterior Gobierno socialista, han abandonado España debido a la falta de trabajo y de ayudas económicas.

Estados Unidos ha sido el destino de la mayoría de los excarcelados cubanos que se han marchado, al no ser posible su retorno a la isla por el veto de las autoridades de La Habana.

De las 767 personas acogidas entre el 13 de julio de 2010 y abril del pasado año, son 34 disidentes y unos 185 familiares los que han optado por exiliarse fuera de España, según datos facilitados por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

El principal desencadenante ha sido la crisis económica, unida a la decisión del Gobierno del PP de no estirar el programa de integración que acordó el ex ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos a causa de los recortes presupuestarios.

El plan de acogida, coordinado por las organizaciones Cruz Roja, CEAR y Accem, era de un año de duración, prorrogable seis meses. Consistía en el alquiler de vivienda (unos 700 euros), manutención (180 euros por cada miembro de la familia), escolarización, abono transporte y asistencia médica.

El programa ha tenido un coste para el Gobierno de unos 13 millones de euros.

Tras la muerte del excarcelado Santiago Du Bouchet, quien se quitó la vida en abril, quedan 80 presos y unos 450 familiares, repartidos en varias ciudades españolas, según las fuentes.

Los únicos que aún disponen de alguna ayuda del Gobierno son por motivo de "especial vulnerabilidad" social, al ser grupos con ancianos o enfermos, explica la responsable adjunta del área de programas de Accem, Camino Gutiérrez.

"Me voy con mucho dolor, dejando una tierra que me abrió los brazos y donde reinicié una vida familiar que en Cuba se me negó", señala Rodríguez desde Gijón (Asturias). Sin recursos económicos desde enero, confiesa estar en una situación "sumamente difícil", muy alejada de lo que se esperó al llegar.