¿Tienen estos señores la culpa?

  • La conclusión es unidireccional entre los jueces, aunque la ideología matice la intensidad de sus reproches: PSOE y PP son los responsables del extraordinario caos que ha mermado la credibilidad del CGPJ y el TC

Fíjense en ese par de hombres. A la izquierda, ojeroso, aparentemente sesudo, Ignacio Astarloa (PP). A la derecha, sonriente, presuntamente feliz, Álvaro Cuesta (PSOE). Ambos son los máximos responsables de las políticas judiciales de sus respectivos partidos. Ambos, según la unánime conclusión de los profesionales de la Justicia, son el rostro de la culpa, del formidable caos que ha menguado hasta caricaturizarlo al tercer poder del Estado.

Rebusquen entre sus recursos léxicos los adjetivos más dantescos. Esperpéntico. Miserable. Infame. Ruinoso. Cancerígeno. Todos aparecen en las conversaciones mantenidas por este diario con distintos magistrados y portavoces del gremio. ¿Cuál es la causa de tantísimo derrotismo? Muy posiblemente la constatación de que la legislatura, en este ámbito, jamás se ha despojado de una pátina circense que ha reventado cualquier apariencia de independencia entre los jueces.

Sepultados bajo el ruido quedan los logros del Gobierno. Los retoques en el Código Civil para facilitar el divorcio o habilitar el matrimonio gay. Las 1.100 nuevas plazas para fiscales y jueces. Los 83 juzgados contra la violencia de género. Nada de eso importa demasiado ante la dimensión de las dos grandes polémicas del momento: la parálisis sin precedentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato expiró en noviembre de 2006, y el desprestigio casi cómico del Tribunal Constitucional, sometido a un juego de recusaciones y contrarrecusaciones de corte esquizofrénico y utilizado por el nacionalismo catalán como diana por el temor a un recorte sustancial del Estatut, un texto considerado poco menos que bíblico.

El CGPJ lo componen 21 miembros (20 vocales y el presidente). Los nombramientos corresponden simétricamente al Congreso (10) y el Senado (10). Este organismo es a los jueces lo que el Gobierno a los políticos. Pero la sala de máquinas no funciona. No hay feeling entre PSOE y PP. No hay renovación pese a que los mandatos caducaron. La génesis del conflicto, según Astarloa, fue la decisión del Ejecutivo socialista de romper el tradicional entendimiento bipartidista para remozar la Ley Orgánica del CGPJ y establecer mayorías de tres quintos para designar a los magistrados del Supremo o de los Tribunales Superiores de Justicia. Este listón, lógico, obliga al consenso. Y el efecto ha sido el opuesto: antagonismo. "Lo que quiere el PP es que el reparto no se haga con criterios políticos sino atendiendo a la realidad de la representación en la carrera judicial". Esa realidad les beneficia: la APM, mayoritaria y conservadora, coincide a menudo con sus posicionamientos.

Astarloa quiere regresar al sistema abolido en 1985. Quiere que sean los jueces quienes elijan a sus propios gobernantes. Julio Villarrubia, secretario general del PSOE en el Congreso y número dos en la materia tras Cuesta, opina que esta salida propiciaría que "una minoría [la APM] suplantase a la soberanía popular". "El Poder Judicial -justifica- no tiene su origen en quienes aprueban una oposición, sino en la voluntad del pueblo". "¿Por qué en el conjunto de las instituciones españolas sí se acepta la representación de los afectados [los jueces en este caso] pero el PSOE lo niega en este terreno?", protesta Astarloa. "El CGPJ no puede ser una fotografía en pequeñito del poder político", zanja.

También hablan los aludidos. "Es evidente que el sistema ha fracasado. Hay que poner en manos de los jueces el nombramiento de los 12 vocales de procedencia estrictamente judicial [los otros ocho se escogen entre juristas de reconocido prestigio]. La tardanza afectaría así sólo a los vocales dependientes de los políticos. Ahí se acabaría el problema", arguye el portavoz de la APM, Antonio García Martínez. "Esto me recuerda a la decadencia del imperio romano", ironiza José Jaime Tapia, de la progresista JpD. "¿Volver a 1985? No. La carrera judicial es ideológicamente conservadora y perpetuaría la influencia del PP. La Justicia debe representar todas las sensibilidades del país", reflexiona. "Una salida podría ser el cese inmediato de los vocales que concluyan su mandato. También habría que tener en cuenta el mérito y capacidad de los candidatos, con una especie de audiencia que llevarían a cabo los propios diputados o una comisión parlamentaria". Tapia es optimista. Confía en los políticos pese a la que ha caído. ¿Qué otros países del entorno español recurren al modelo vigente de designaciones? Silencio inicial. Al cabo, el portavoz de JpD nombra a "varios países del Este recién incorporados a la UE". Ni rastro de la vieja y muy afamada guardia continental.

Turno para el culebrón del Constitucional. Milagrosamente, todos los dedos apuntan en la misma dirección: el Estatut, la semilla de la discordia. La recusación del magistrado Pérez Tremps, cortesía del PP, dinamitó la aparente armonía. Después llegó la cascada. Más recusaciones. De todos los colores. Y una reforma ad hoc para prorrogar la presidencia de María Emilia Casas, afín al Gobierno e imprescindible por su voto de calidad para garantizar larga vida al Estatuto catalán.

Visiones del asunto. "Veo dos discrepancias esenciales: decidir sin el PP que Casas siga e imponer que los cuatro magistrados que elige el Senado sean ahora a propuesta de las comunidades autónomas. Son cambios unilaterales apoyados en cesiones a los nacionalistas", destaca Astarloa. "Si ellos [los jueces] hubiesen hecho piña rechazando todas las recusaciones con independencia de su signo político, todo habría sido distinto", fantasea Villarrubia.

García Martínez recita su mantra. "No se puede esperar que sean los magistrados los que, heroicamente, resuelvan la confusión que generan otros. Hay que dejar que el Tribunal ejerza sus funciones con serenidad. Lo inadmisible es saber que si recorta el Estatut se va a armar la de San Quintín". Y Tapia pinta otro paisaje. "Al TC se le debe exigir una concepción dinámica del Estado. Hemos de valorar la trascendencia de que los catalanes hayan refrendado el texto en un referéndum. España no se rompe. Lástima que algunos de sus miembros se dejaran persuadir por el PP".

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