El verano está más caliente que nunca, que el bochorno es descomunal con acusaciones crípticas y descalificaciones agudas entre PP y Gobierno que dan alas a la crispación y que deberían pasar una buena factura a alguna de las partes.

La caja de los truenos la destapó la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, al acusar el pasado 5 de agosto desde la playa de Marbella al Gobierno de utilizar los medios del Estado para perseguir a la oposición en vez de a los terroristas. No fue un calentón: la inquietante declaración era la gran perla de un vídeo que el PP envió a los medios de comunicación, a mayor gloria de la penosa costumbre que se consolida entre la clase política de enlatar sus mensajes, como evidencian esas desaliñadas ruedas de prensa sin preguntas tan en boga, la canonización mediática del monólogo incontestable.

El dedo acusador del PP se elevaba recompuesto a la sombra del archivo -dos días antes- de la causa del Tribunal Superior de Valencia contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres altos cargos populares imputados, al considerar los jueces que los regalos que recibieron aquéllos de la trama de Gürtel (trajes, zapatos, pulseras, relojes o entradas para el circo) no son constitutivos de un delito de cohecho, sospecha desestimada por los magistrados a despecho de los contratos millonarios que concedió el Gobierno valenciano a Orange Market, la empresa del espléndido Álvaro Pérez, El Bigotes, hasta 40 adjudicaciones, la mayoría a dedo o fraccionadas en contratos inferiores a 12.000 euros para esquivar el concurso público.

Un problema menos, un balón de oxígeno para el PP, que dejó de especular como un equipo timorato y pasó a la ofensiva en plan campeón, con denuncias de alto voltaje. La número dos de los populares volvía días después a la carga, tirando con bala y apuntando muy arriba. Según Cospedal, España vive bajo un "Estado policial" y "el Gobierno utiliza a las instituciones, a la Fiscalía General, a la Policía Judicial, al Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Inteligencia para perseguir a la oposición". Había más: según la secretaria general del PP, las autoridades policiales y judiciales han ordenado escuchas a dirigentes populares "que no tienen nada que ver con los sumarios" en curso. Una acusación que ha ido siendo paulatinamente ratificada por el resto de la plana mayor del PP, desde Javier Arenas hasta el propio Mariano Rajoy. Pero este gato no tiene cascabel y las pruebas del supuesto descalabro democrático brillan por su ausencia cual sol cegador y pistolón en el cajón.

El líder del PP echó después más sal en la herida al rescatar de la hemeroteca la dimisión, catorce años atrás, de Narcís Serra como vicepresidente del Gobierno de Felipe González por las escuchas del Cesid -los antiguos servicios secretos, actual CNI- a políticos, empresarios, periodistas e incluso al Rey. ¿Cómo? La sinfonía acusadora del PP sigue ganando de esta forma decibelios, pero esta orquesta hace más ruido que música. El amenazante recordatorio de Rajoy suena hoy por hoy a demagogia, una de cuyas prácticas más comunes es la de comparar lo incomparable, pues poco o nada tienen que ver los actuales servicios secretos con los de entonces, ya que las garantías judiciales sobre el control de las comunicaciones son ahora mucho más sólidas que en tiempos del Cesid gracias al llamado pacto de los espías que PP y PSOE alcanzaron en 1991, tras la dimisión del coronel Juan Alberto Perote, que se llevó más de 1.200 microfichas del Cesid relativas a la seguridad y defensa nacionales, que acabaron en manos de Mario Conde antes de aparecer desparramadas en varios medios de comunicación. En 2002, bajo el Gobierno de Aznar, se estableció la obligatoriedad de la autorización judicial para violar un domicilio o pinchar comunicaciones. Otro cantar, por supuesto, es que nadie le siga sacando los colores al enfermizo imperio de la ley, escuchas ilegales mediante.

La película que está proyectando ahora el PP oscila entre el miedo y el suspense. Con acusaciones de cine y parece que al ritmo de algunas obras de Alejandro Amenabar, en las que el protagonista comparte revelaciones finales con el atónito espectador. Así, en el climax postrero de Tesis descubrimos al asesino; en Los Otros, nos enteramos a última hora de que Nicole Kidman estaba muerta; en Abre los ojos, el protagonista es consciente en la recta final de que su mundo no es el real. Mar adentro de la crisis, los populares se declaran empachados de indignación y víctimas de una persecución de Estado, con detenciones esposados como forajidos camino del juzgado (caso Palma Arena) y una Fiscalía teledirigida por el Gobierno.

Un fuego que para los socialistas no es sino una cortina de humo para tapar el nubarrón del caso Gürtel. El Gobierno ha reaccionado con indignación -Rubalcaba habla de "infamia"; Blanco, de "engaño masivo"- y el PSOE, con sorna -una dirigente se pregunta qué pasaría si denunciara por acoso sexual a algún dirigente popular sin pruebas-, pero muchos andan con la mosca en la oreja, que tamaña acusación del primer partido de la oposición contra jueces y policías no puede caer en saco roto. El torpedo ya está lanzado. A ver dónde acaba empotrado.