María José Guzmán

Blanco de exacerbadas críticas de los sectores más conservadores, la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva de la Interrupción Voluntaria del Embarazo entró en vigor el 5 de julio de 2010, más de dos años después de que el PSOE promoviera una reflexión en el marco de su programa electoral para las elecciones generales de 2008. La promesa electoral se materializó en una reforma legal que establece un plazo de 14 semanas para que las mujeres puedan abortar libremente, hasta las 22 si existe grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o grave riesgo de anomalías en el feto, y sin límite si se detectasen anomalías fetales incompatibles con la vida.

En su defensa, el Gobierno alegó que la reforma es necesaria porque las mujeres deben tener derecho a decidir cuándo quieren ser madres e insistió en que el objetivo es también prevenir embarazos no deseados. Un comité de expertos del Ministerio de Igualdad y una subcomisión del Congreso de los Diputados se encargaron de elaborar las propuestas. Entre el comité de sabios, dos andaluces: la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga Patricia Laurenzo y el catedrático de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Sevilla José María Bedoya. Los opositores de la ley tildaron a estos profesionales de “proabortistas”. Por contra, ellos plantearon una reforma que va más allá de la ley de plazos y avanza hacia una estrategia general de salud sexual y reproductiva, una oferta educativa que sigue siendo una asignatura pendiente en España. Al margen de las opiniones, la reforma aprobada en 2010, que ha equiparado la legislación de España a la de algunos países europeos, entró en vigor en verano radicalizando aún más el debate social y dividiendo a los profesionales.

La Iglesia, que llegó incluso a la desobediencia -lo dijo el arzogispo de Tarragona-, volvió a repetir que la ley supone un retroceso en los derechos humanos. El PP recurrió el texto ante el Constitucional, en un intento por suspender su aplicación, y los médicos, desde las instituciones colegiales, advirtieron que aún quedan temas difíciles de solucionar como la objeción de conciencia o el caso del aborto en menores de 16 años. De hecho, la reforma se ha puesto en marcha con algunos flecos, crítica que el Gobierno ha intentado minimizar haciendo uso de los últimos datos disponibles sobre interrupciones del embarazo, estadísticas que se refieren a 2009, y que reflejan, por primera vez en la historia, un descenso del número de abortos. Un 3,7 por ciento tasa que se eleva al 6,5 por ciento en el caso de menores de 20 años. Y los abortos de menores de 15 años pasaron de 475 a 456, un dato “alentador” para el Gobierno central, que considera que la reforma está surtiendo efecto y se avanza por el buen camino.Aún así, en España se contabilizaron 11.482 intervenciones en 2009. Pero la aplicación de la ley es irregular. Andalucía es la comunidad más respetuosa con la reforma, mientras que Madrid y Cataluña son las autonomías donde se encuentran más obstáculos, según los datos facilitados por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).

Los principios básicos de gratuidad, seguridad y accesibilidad equitativa que la norma recoge no se están cumpliendo por igual. Al parecer, el amplio poder que se ha dado a las comunidades para desarrollar la ley está detrás de estos contrastes. Los datos disponibles del primer semestre del año indican que la tendencia a la baja en el número de abortos se consolida, sobre todo, en Andalucía y que también se están registrando menos intervenciones en mujeres inmigrantes. Pero el diagnóstico es prematuro y la contestación social a la reforma aún no se ha silenciado.