Antonio García Lizana

Catedrático de Política Económica de la Universidad de Málaga

La pobreza es una realidad palpable y persistente. Pero no podemos pensar que sea una maldición inevitable; ni que esté determinado por los siglos que Extremadura, Ceuta o Andalucía encierren las mayores cotas de pobreza de España; o que España esté siempre ocupando el furgón de cola de los países europeos de nuestro entorno, junto con Portugal, Grecia e Italia.

Pero actuar de forma adecuada, ante dicha situación, requiere, en primer lugar, cuantificar la magnitud del problema. En este sentido, suele distinguirse entre pobreza absoluta y relativa; siendo esta segunda el objeto de preocupación en las sociedades occidentales. La misma tiene que ver con la existencia de situaciones diferenciales dentro de cada sociedad. Con el fin de objetivar la percepción de tales diferencias, se ha introducido el concepto de "umbral" o "línea de pobreza". Se entiende por umbral de pobreza aquel nivel de renta que permite afrontar las necesidades de un modo razonable dentro de cada entorno social. También, en ocasiones, hace referencia al gasto realizado para atender dichas necesidades. Pero lo más común es definir el umbral en función de las rentas. Obviamente, el umbral será diferente en cada país, y viene a ser la línea de separación estadística que divide a la población entre los considerados pobres (situados por debajo del umbral) y los no pobres. La proporción de personas situadas bajo el umbral con respecto a la población total es lo que se conoce como tasa de pobreza.

Obviamente, la identificación del umbral es una tarea delicada. Aunque hayan existido otros criterios, hoy suele fijarse en el 60% de la renta mediana (es decir, la que ocupa el lugar central de la distribución). Conviene advertir, además, que en la actualidad se sustituye el término "pobreza" por "riesgo de pobreza", sin que se vea afectado el fondo de la cuestión. De ahí que se hable de "umbral de riesgo de pobreza" y "tasa de riesgo de pobreza". 

Para determinar los ingresos, el procedimiento más común es la aplicación de encuestas sobre una muestra aleatoria de hogares. Pero dada la composición y tamaño dispar de las familias, se utiliza el concepto de ingreso equivalente. Así, el ingreso disponible total del hogar (obtenido sumando todos los ingresos de sus miembros) se divide por el número equivalente de individuos que lo componen. Para lo cual se emplean las ponderaciones siguientes: 1 para el primer adulto; 0,5 para el resto de adultos, con edad igual o mayor a 14 años; y 0,3 para los miembros del hogar menores de 14 años.

En la práctica, se suele utilizar como umbral el que corresponde al conjunto de cada país. Pero, igualmente, se pueden estimar excepcionalmente umbrales específicos para una población de referencia. Así, por ejemplo, el umbral estimado por el Instituto Nacional de Estadística para España, en 2010, fue de 7.533 euros/año por unidad de consumo equivalente; mientras que la cifra similar para Málaga, estimada por un equipo de la Universidad de Málaga, fue de 7.200 euros año. En correspondencia, la tasa de riesgo de pobreza para esta ciudad fue 22,58 con el umbral nacional y 19,92 con el propio. La tasa de riesgo de pobreza española, con el umbral nacional obviamente, fue 20,7.

  Resulta muy interesante observar la evolución de la tasa de pobreza española durante el proceso de contracción económica iniciado en el otoño de 2007. En 2008, dicha tasa fue del 19,6; reduciéndose ligeramente en 2009 (19,5); para aumentar paulatinamente en los años siguientes: 20,7 en 2010; y 21,8 en 2011. Pero conviene advertir que los años de bonanza económica anteriores no contribuyeron a reducir las tasas de pobreza; lo que sí había ocurrido entre 1973 y 1991; y, posteriormente, entre 1996 y 1999, año en el que se alcanzó el 18,0. A partir del 2000, las cifras han ido creciendo hasta alcanzar el 19,6% citado. 

Ahora bien, tal comportamiento de la pobreza podría interpretarse como un problema adicional que planteó ciertas dificultades para el mantenimiento del crecimiento y contribuyó a su deterioro. Pero que también debe estar dificultando la recuperación ahora tan necesaria. De acuerdo con diversos autores, para poder alcanzar niveles elevados de PIB por habitante de forma sostenida es condición necesaria, aunque no suficiente, que las tasas de pobreza se reduzcan. Por tanto, la reducción de la pobreza debería ser percibida, en los difíciles momentos actuales, no como una cuestión exclusivamente humanitaria, sino con consecuencias económicas para recuperar la senda del crecimiento. No en vano, los países de nuestro entorno  que peor están afrontando los problemas económicos son aquellos que partían en 2007 con las tasas más elevadas de pobreza. Reducir, por tanto, dichas tasas se convierte en una necesidad política para salir airosos de la actual situación. 

Además de todo esto, en nuestro país existe el agravante de la desigual distribución territorial de la pobreza. Los valores de las tasas, en 2006, oscilaban entre el 9,76% de Navarra y el 37,63 de Ceuta. Con todas las consecuencias que de ahí se derivan para el funcionamiento económico dispar de unos y otros territorios y para el buen funcionamiento del conjunto. La tasa de riesgo de pobreza de Andalucía se situaba en el 29,3%; sólo superada por Ceuta, Castilla-La Mancha y Extremadura. Pero desde tal fecha, la situación ha empeorado sensiblemente; aunque manteniéndose, eso sí, las diferencias interterritoriales, con ligeros cambios. En el caso de Andalucía, la tasa de pobreza se situaba en 2011 en el 30,1%; y según los datos provisionales facilitados por el INE para 2012, habría ascendido al 31,7. Lo que resulta más notable si tenemos en cuenta que según la misma fuente, habría mejorado la situación española, situándose la tasa en el 21,1.

La necesidad de afrontar contundentemente el problema parece obvia. Pero como ha señalado Paul Davidson, titular de la Cátedra J. F. Holly de Excelencia en Economía Política de la Universidad de Tennessee, "Si fallamos en entender los principios económicos que gobiernan nuestras vidas, podemos amenazar nuestra propia supervivencia económica defendiendo políticas económicas y actuaciones estúpidas". Lo que estamos postulando, por tanto, es la necesidad de considerar la pobreza como un elemento más a tener en cuenta para impulsar el proceso de recuperación económica, con el propósito de mejorar la capacidad de actuación para superar las dificultades.