Rafael Salgueiro

Profesor de Administración de Empresas. Univesidad de Sevilla

El Gobierno adoptó a finales de año algunas disposiciones de cierto calado en el ámbito de la energía eléctrica, con las que venía a corregir algunos de los defectos pasados y actuales de nuestro sistema de retribución a la generación, además de reconocer la subida de precios que se estaba registrando en las subastas trimestrales de energía. Tales medidas se articulan en cuatro ejes: se asigna a las empresas del sector la financiación del bono social y de las políticas de ahorro y eficiencia energética hasta 2013; se establece un peaje de 0,5 euros por megavatio hora a todos los generadores eléctricos; se modifican los límites máximos del déficit de tarifa de 2010 a 2012, manteniéndose el objetivo de alcanzar la suficiencia tarifaria en el año 2013 y, finalmente, se limita durante tres años para las plantas fotovoltaicas el número de horas anuales con derecho al cobro de la prima, a cambio de prorrogar su percepción de 25 a 28 años, en línea con las limitaciones establecidas también en 2010 para las tecnologías eólica y termosolar.

El Gobierno estima que con estas disposiciones se pueden ahorrar más de 4.600 millones de euros hasta el final de 2013, aunque se hizo inevitable una “subida de la luz” fijada en el 9,8 por ciento para la tarifa de último recurso (TUR) a la que están suscritos más de 17 millones de hogares, si bien no se modificó la tarifa para los beneficiarios del bono social, unos tres millones de hogares. Esta subida no es especialmente elevada respecto a otras habidas en los años más recientes, pero provocó una fuerte repercusión política y mediática, en la que se conjugaron -más bien se mezclaron- factores y agentes muy diversos. Sirvieron de poco, en este caso, los esforzados intentos de explicación por parte del Gobierno. Las acusaciones cruzadas sobre el origen del déficit de tarifa –último gobierno del PP- frente a su gran crecimiento –gobiernos del PSOE-, ocuparon la atención de los portavoces políticos. La concesión de ayudas al carbón nacional fue saludada por algunas empresas y comarcas mineras, pero fue rechazada por las empresas eléctricas importadoras de carbón y también por las autoridades de algunos territorios potencialmente afectados por la reducción de esas importaciones, como es el caso de Galicia. Los generadores fotovoltaicos se sumaron, con gran notoriedad, al coro de quejas que otros generadores renovables venían manifestando contra los límites que se han impuesto a una retribución a la que, según defienden, se había comprometido el Estado de modo irrevocable. Las grandes compañías eléctricas, por su parte, sólo señalaron tímidamente que la subida de la mencionada tarifa sólo cubre los mayores costes de generación, pero desatiende los relacionados con el transporte y distribución de la energía, cuyo precio no varía, y además es probablemente insuficiente para atajar el déficit de tarifa.

Sea como fuere, lo cierto es que los precios de la energía eléctrica en España se encuentran entre los más elevados de Europa, ya sea consumo industrial o doméstico (gráficos 1 y 2), y la tendencia es a distanciarnos del promedio europeo de un modo inevitable, al menos durante un período largo, ya que se conjugan varios factores en esa dirección. Tendremos que hacer frente a lo que no habíamos pagado hasta ahora y además sin posibilidad de excusa ni retraso, ya que el Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FACE) ha comenzado un programa de emisión de bonos cuyo importe nominal máximo vivo es de 25.000 millones de euros. El precio del gas natural apunta una tendencia al crecimiento y encima no son fáciles las relaciones con uno de nuestros principales abastecedores, Argelia. La energía nuclear no tiene un futuro despejado, ya que hay incertidumbre sobre el cierre de Garoña, no se ha decidido la ubicación del almacén temporal de combustible irradiado y el Gobierno es renuente a que se produzca un debate sobre esta fuente de energía barata y sin impacto sobre el clima, no vaya a ser que los ciudadanos se muestren favorables a ella.

A cambio, podemos congratularnos de haber alcanzado una posición mundial prominente en determinadas energías renovables, pero la hemos logrado sin reparar en unos gastos que ahora se manifiestan con toda contundencia. En definitiva, nuestra estructura de generación es cara y es consecuencia de la trayectoria tecnológica decidida por los gobiernos en los últimos treinta años: limitación de la generación nuclear, expansión del gas natural (ciclos combinados), fomento de la cogeneración y, finalmente, incentivo de todo tipo de aprovechamientos renovables. En la década recién finalizada hemos añadido, además, el coste debido a la infrautilización de la potencia instalada (sólo la utilizamos en un 35 por ciento aproximadamente), pareja al crecimiento de las renovables. Los gráficos 3 y 4 son ilustrativos a este respecto, mostrando la distribución de la potencia y la cobertura de la demanda del sistema peninsular en 2010. Hace ya bastante tiempo que se incentivan en España determinadas formas de generación y de uso de la energía que se consideran más eficientes, ambientalmente más ventajosas y reductoras de nuestra dependencia exterior de energía primaria. En este sentido los años noventa se caracterizaron por la extensión de la cogeneración y la primera mitad de la pasada década por el despegue de la eólica, aprovechamiento de biomasa y de biogás y cierta presencia de la fotovoltaica. Sin embargo, la segunda mitad de esa década será recordada, sin duda, como un ejemplo paradigmático de un fallo del Estado tratando de solucionar un fallo del mercado; es decir, una asignación inadecuada de incentivos que causa un problema mayor que el que se quería solucionar. Con la generación renovable se persiguen dos objetivos: reducir la dependencia exterior de energía primaria y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Dado que algunas de las tecnologías no están maduras y que todas ellas se caracterizan por una elevada inversión por unidad de potencia y por unidad de producción, ha sido necesario establecer un marco adecuado de regulación y de incentivos para atraer la inversión a este sector. ¡Y vaya si lo hemos logrado! Se han alcanzado los objetivos de potencia señalados en el Plan de Energías Renovables 2005-2010 en tres tecnologías: eólica, solar termoeléctrica y solar fotovoltaica (¡en ésta lo hemos logrado al 292 por ciento, nada menos!), con las cuales hemos atendido el 19 por ciento de la demanda eléctrica anual de 2010 y se ha logrado llegar hasta el 43 por ciento de la demanda diaria con energía eólica (el 9 de noviembre).

Con las renovables incentivadas hemos evitado también la emisión de unos 20,2 millones de toneladas de CO2. Todo un éxito, pero sólo en apariencia. La energía eólica es tan variable que sólo logró cubrir el 1 por ciento de la demanda a las 10:32 horas del día 10 de junio, obligando a disponer de costosa capacidad ociosa como respaldo. Los parques fotovoltaicos tienen un coste de inversión por unidad de potencia superior al de una central nuclear y producen ocho veces menos energía a lo largo de su vida, en el mejor de los casos. La biomasa tiene un aprovechamiento bastante más complejo y más costoso que el que se pensaba. La termosolar es todavía muy cara y ni siquiera la posibilidad de acumulación mejora sustancialmente la economía de una central, de modo que convendría progresar con más cautela. El coste de la retribución excepcional a las renovables (gráfico 5) se ha elevado hasta hacerse insostenible: casi 5.000 millones de euros en 2010, lo que significa que cada tonelada de CO2 evitada nos ha costado 247 euros, cuando su valor en el mercado europeo de derechos de emisión ha sido solamente de 13 euros. El Gobierno ha hecho bien tratando de reparar sus errores en el diseño del sistema de incentivos, conteniendo la retribución y la adición de potencia, aunque le será muy difícil contener la presión de las Comunidades Autónomas. Seguro que podemos esperar una gestión más experta del Plan de Energías Renovables 2011-2020, pero para la sociedad el problema es que tendremos que soportar durante un cuarto de siglo el coste de las instalaciones ya en operación. Tampoco aquí el fin ha justificado los medios.