Alejandro  Martín

El desarrollo de las energías renovables en España es una historia de éxito industrial pero va camino de convertirse en un culebrón legal. La tormenta se centra fundamentalmente en el campo de la energía solar fotovoltaica.

El origen del problema radica en la institución de unas primas muy generosas en la primera legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Estas subvenciones atrajeron a una gran cantidad de inversores, la inmensa mayoría ajenos a la ingeniería, como fondos de inversión de capital-riesgo o fondos de pensiones extranjeros. La tendencia se exacerbó a partir del estallido de la burbuja inmobiliaria, lo que derivó a la fotovoltaica capitales destinados inicialmente a la inversión en ladrillo. Desbordado por la demanda, el Gobierno cambió el régimen de primas a la baja en el verano de 2008, dejando fuera del anterior marco legal una gran cantidad de plantas que estaban en una fase embrionaria de desarrollo, o que aún no habían logrado todos los permisos administrativos. Esta medida provocó una primera cascada de recursos, así como una demanda de inversores internacionales en la Corte de Arbitraje de Londres contra el Gobierno. Este primer cambio normativo, que no afectaba a las plantas autorizadas antes del verano de 2008, fue insuficiente para frenar el crecimiento del déficit tarifario. Para pinchar la burbuja, el Ejecutivo introdujo en el Real Decreto 14/2010 una reducción temporal del número de horas con derecho a prima para todas las instalaciones, lo que se tradujo en la práctica en un recorte con carácter retroactivo. Los promotores presentaron miles de recursos a la Comisión Nacional de Energía (CNE). Este organismo decidió el pasado mes de noviembre aplazar su análisis hasta contar con una liquidación completa de las primas de 2011, lo que fue criticado por el sector al considerarlo una maniobra para ganar tiempo. La batalla judicial tiene más frentes: el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite tres recursos de inconstitucionalidad presentados por las comunidades de Extremadura, Valencia y Canarias.

El último golpe ha sido la moratoria aprobada por el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy. A diferencia de la anterior medida, no tiene carácter retroactivo, ya que no afecta a las instalaciones en marcha, pero sí paraliza la autorización de nuevas plantas, sea cual sea la tecnología empleada. La patronal fotovoltaica UNEF ha descartado recurrir la moratoria, pero todavía no hay postura clara en el sector, que lamenta que la mayor consecuencia de estos cambios legales es la concepción de España en los mercados como un país arriesgado para invertir.