Esta semana hemos conocido que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha prestado atención especializada a 530 adolescentes en los últimos tres años como víctimas de violencia machista.

Y en la actualidad, 21 chicas menores granadinas están protegidas por la policía como víctimas de la violencia de género, según el último informe del sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (Vio-Gen).

Los datos ofrecidos son tremendamente preocupantes y expresan la justificación de continuar realizando todos los esfuerzos necesarios para acabar con esta verdadera lacra social que es la violencia de género.

En España se ha avanzado mucho en la lucha contra este tipo de violencia; pero queda aún mucho camino por recorrer. En este sentido, el pacto de Estado contra la violencia de género que se alcanzó recientemente en el ámbito de las Cortes Generales es de vital importancia. Pero es un pacto con medidas que se deben poner en marcha sin más dilación y, hasta ahora, el Gobierno ha incumplido activar la disponibilidad inmediata de 200 millones de euros que inicialmente son imprescindibles para las medidas que los expertos consideran más urgentes.

Lo que pasa es que los datos relativos a la incidencia del problema de la violencia de género en las adolescentes constituyen un motivo de gran preocupación que nos debe llevar a una profunda reflexión en el conjunto de la sociedad y, en especial, a una mayor implicación de madres y padres así como del ámbito escolar.

La existencia de violencia de género en edades tan tempranas no puede aceptarse como algo inevitable. Se puede prevenir y se puede detectar precozmente para poner remedio antes que las consecuencias sean dramáticas. Y estas cifras son un aldabonazo a la conciencia colectiva que nos debe mover a la acción.

Necesitamos acabar de una vez con esta realidad y hacer posible que los datos del próximo año se sitúen en cero adolescentes con necesidad de protección. Estamos obligados a ello.