J. Ignacio García Pérez

Universidad Pablo de Olavide. Centro de Estudios Andaluces

La reforma laboral aprobada por el Parlamento español el pasado año y plasmada en la Ley 35/2010 tiene entre sus objetivos esenciales contribuir a la reducción del desempleo e incrementar la productividad de la economía española. Uno de los aspectos de la reforma que sin duda debe contribuir a ello, mediante la consecución de un funcionamiento más eficiente de nuestro mercado de trabajo, es la autorización de las agencias privadas de colocación como instrumento de mejora de la intermediación laboral. Estas agencias podrán operar efectivamente, previa autorización, a partir de enero de 2011 y serán, casi con total seguridad, un importante refuerzo en las labores de intermediación laboral de las agencias públicas de empleo, esto es, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en el caso de Andalucía. No hay que olvidar que según datos de finales de diciembre de 2010 el total de desempleados registrados en estas oficinas asciende a casi 904.000 (más de un millón si consideramos todos los Demandantes No Ocupados, DENOS). Dada la plantilla actual del SAE dedicada a intermediación, cada trabajador del mismo tiene a su cargo a casi 400 desempleados (más de 600 si consideramos los DENOS). Por tanto, parece que cualquier ayuda en la atención a este importante número de demandantes de empleo será altamente deseable. Andalucía debería, por tanto, desarrollar todo lo posible, y cuanto antes, las posibilidades de colaboración público-privada que permite el también recientemente aprobado Real Decreto 1796/2010 que establece el régimen jurídico y los procedimientos para que las agencias de colocación puedan operar en el mercado y colaborar con los Servicios Públicos de Empleo en la intermediación laboral. En esta nueva normativa se indica que las agencias de colocación podrán ser públicas o privadas, podrán colaborar con los Servicios Públicos de Empleo a través de la firma de convenios de colaboración y también podrán funcionar de forma autónoma pero en coordinación con dichos servicios.

Su funcionamiento deberá ser autorizado por el Servicio Público de Empleo Estatal o por el servicio equivalente en Andalucía si dicha agencia sólo quiere operar en nuestra comunidad autónoma. Los servicios que presten dichas agencias serán gratuitos para los trabajadores, debiendo atender a todas las personas desempleadas y respetando la igualdad de trato y la no discriminación en el empleo. Estas empresas deberán elaborar y ejecutar planes específicos para la colocación de personas desempleadas integrantes de colectivos prioritarios no pudiendo, por tanto, centrar su actuación únicamente en los colectivos de rápida inserción. Este punto de la nueva regulación es muy importante para regiones como Andalucía donde existe un porcentaje muy importante de parados que sólo cuentan con estudios básicos (30 por ciento sobre el total de parados). También el porcentaje de parados con menos de 30 años es muy alto en Andalucía (35 por ciento). La necesidad de reciclaje de estos colectivos así como del proveniente del sector de la construcción es imperiosa pero los servicios públicos, seguramente, no podrán atender convenientemente a cada uno de estos desempleados. Sería muy deseable que, cuanto antes, las agencias privadas empiecen a operar en Andalucía y que en los convenios que firmen con la autoridad andaluza, estos colectivos se fijen como el principal destinatario de sus medidas de inserción, formación y reciclaje profesional. Por otra parte, la reforma laboral también ha autorizado a las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs) para operar en sectores como las Administraciones Públicas, la construcción u otras actividades de riesgo donde hasta ahora no podían intermediar. Este cambio debería suponer un avance importante para este sector en Andalucía, comunidad autónoma donde dichas empresas tienen todavía una presencia muy limitada.

En efecto, sólo el 10 por ciento de las ETTs que operan actualmente en España se encuentran localizadas en Andalucía lo que hace que mientras que en el conjunto de España las ETTs sean responsables del 13,6 por ciento del total de contratos temporales firmados (con datos de septiembre de 2010), en Andalucía este ratio no llegue ni al 5 por ciento. Si el Gobierno andaluz fomentara el establecimiento en nuestra tierra de estas empresas, convertidas en agencias de colocación, estaría aportando una muy deseable competencia no sólo en el campo de la intermediación sino en el de la formación ocupacional, campo donde, hasta ahora, la oferta ha estado muy concentrada en los agentes sociales y las administraciones locales. Es más, convertidas estas empresas en agencias de colocación ya nada debería impedir que ofrezcan a sus trabajadores contratos indefinidos, aunque la cesión de los mismos a las empresas usuarias sea durante un periodo de tiempo determinado. Así, tendríamos un nuevo medio para luchar contra la ineficiente y excesiva temporalidad de nuestro mercado de trabajo. Finalmente, las políticas activas de empleo, entre las que destacan las acciones de formación ocupacional, son fundamentales para la rápida reinserción laboral de la población desempleada. Para una correcta definición y ejecución de dichas políticas es muy importante que la oferta de cursos se haga con la mayor competencia posible y, sobre todo, con una rigurosa evaluación a posteriori en términos de resultados. Solo así, impulsando las políticas activas más eficientes en conseguir sus objetivos, podremos hacer frente al enorme reto que supondrá la inserción de los casi 500.000 andaluces que llevan más de un año en desempleo.

Es más, a estos trabajadores debería ofrecérseles un buen servicio de reciclaje profesional casi de oficio, una vez que pasan la barrera de los 12 meses en desempleo, debiendo ser incluso obligatoria la aceptación de dicha formación por parte de los parados con acceso a prestaciones por desempleo. Pero sin la participación en este sentido de la empresa privada, en coordinación y competencia real con las actividades de formación ofrecidas por los servicios públicos y los agentes sociales, será prácticamente imposible ofrecer a los parados de nuestra región una formación de calidad y orientada a las necesidades reales del mercado. Tal y como se puede observar en la figura adjunta, en la anterior crisis económica tardamos casi 10 años en hacer volver el paro de larga duración a sus niveles pre-crisis por lo que, si no actuamos rápidamente y de manera decidida, podemos esperar que ésta sea de nuevo la evolución en cuanto a paro de larga duración que veremos en los años venideros.