Los colaboradores del líder de centroizquierda Andrés Manuel López Obrador cargaron el jueves 25 cajas de cartón con documentos hasta la sede del órgano electoral. Ahí estaba la clave para anular las presidenciales de México.

Horas antes de vencer el plazo legal, la izquierda presentó la noche del jueves un juicio de inconformidad para invalidar los comicios ganados por el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, el 1 de julio.

Ahora se abre un compás de espera, que puede extenderse hasta el 6 de septiembre. Peña Nieto no puede ser declarado aún presidente electo ni iniciar la transición, rumbo al traspaso de poderes del 1 de diciembre.

La izquierda, que no impugna, en cambio, las legislativas, en las que le fue bien, anunció que alista un "plan nacional para la defensa de la democracia y la dignidad de México", cuyos detalles dará la próxima semana. Peña Nieto ganó con el 38,21% las elecciones, a 6,62 puntos a López Obrador.

Después de presentada la impugnación, el Instituto Federal Electoral (IFE) deberá ordenar la documentación recibida, notificar a terceros interesados, particularmente el PRI, para que defiendan su postura y elevar el expediente al tribunal federal electoral.

A los magistrados les tocará analizar si hubo violación de principios constitucionales que ameriten la invalidación total de los comicios y la convocatoria de nuevas elecciones. "La Sala Superior tendrá que ir viendo cada uno de esos principios y si hubo violación de los mismos o no. Y si hubo violación será porque se acredite, porque haya pruebas, y no solamente porque se diga", explicó el experto en temas político-electorales Jorge Alcocer a MVS Radio.

Hace seis años, López Obrador perdió por 0,56 puntos ante el conservador Felipe Calderón, desconoció los resultados, encabezó movilizaciones masivas y se hizo investir por sus simpatizantes, con banda presidencial y todo, como "presidente legítimo".

El combativo líder de la izquierda, que en los 90 tomó 50 pozos petroleros y en 2006 bloqueó durante 47 días la principal avenida de la capital, alega que se violó el artículo 41 de la constitución sobre elecciones libres y auténticas.

Denuncia que se rebasaron los gastos permitidos a los partidos políticos, publicidad encubierta, manipulación de encuestas, intervención de gobernadores del PRI, estructuras paralelas de financiación, compra de votos y negligencia para investigar.

López Obrador tiene tradición de impugnar resultados en elecciones que perdió, como cuando compitió para gobernador de Tabasco en 1988 y 1994. No está claro ahora si también saldrá a las calles.