La Corte Suprema de EEUU anunció ayer que examinará la controvertida ley SB 1070 de Arizona (suroeste), que criminalizó por primera vez la inmigración ilegal en un Estado y que fue parcialmente suspendida por la Justicia.

Arizona recurrió las impugnaciones del Departamento de Justicia contra su ley y elevó la queja a la Corte Suprema, que ahora deberá examinar la constitucionalidad de la norma. La Corte emitirá una sentencia durante la actual sesión judicial, que termina en junio de 2012, informó una portavoz.

La ley SB 1070 fue promulgada en abril de 2010 y rápidamente provocó polémica porque exigía, por primera vez en la historia de EEUU, que la Policía estatal detuviera a las personas sospechosas de no tener los papeles en regla.

El Gobierno federal rápidamente apeló la norma, que fue imitada por Carolina del Sur, Utah y Alabama, que aprobó una ley aún más dura que niega el acceso al agua y electricidad a las personas que no puedan certificar que se encuentran legalmente en él.

Los asuntos migratorios son prerrogativa federal en EEUU, pero los defensores de esas leyes argumentan que los estados tienen derecho a detener a los indocumentados en su territorio para traspasarlos a las agencias encargadas de su deportación.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, acusó al Gobierno federal de inacció y afirmó que esta ley "fue el único camino que tuvo Arizona para decir que ya no esperaremos pacientemente" hasta que Washington se decida a actuar.

La proliferación de normas de control de la migración amenaza con provocar una explosión de casos de deportación y un caos legislativo, según los expertos.