Los países de la Unión Europea (UE) siguieron hoy divididos acerca de la "tarjeta azul" para inmigrantes altamente cualificados y sobre la imposición de sanciones penales a los empresarios que den trabajo a inmigrantes irregulares.

Los ministros comunitarios de Inmigración apenas lograron hoy avances sobre ambas propuestas, que forman parte de la estrategia de la Unión Europea (UE) de promover la inmigración legal y que la presidencia francesa quiere aprobar antes de final de año.

El comisario de Justicia, Seguridad y Libertades, el francés Jacques Barrot, se mostró dispuesto a flexibilizar la cuestión de las sanciones penales para los empresarios que abusen de ilegales tras constatar la oposición de siete países, encabezados por Alemania, que mostraron la clara división interna acerca de cómo luchar contra la inmigración irregular.

La discusión sobre las sanciones a quienes den trabajo a los inmigrantes ilegales se centró en dos puntos: la posibilidad de establecer medidas penales en los casos de abusos y la propuesta de la misión para inspeccionar al menos al 5% de las empresas cada año.

Los siete países opuestos a las medidas penales argumentaron que es mejor dejar a cada Estado miembro decidir qué tipo de sanciones aplicar. "Alemania considera las sanciones penales como algo no justificado. Hay otras formas de luchar contra la inmigración ilegal", señaló el ministro alemán del Interior, Wolfgang Schäuble.

España insistió en su apoyo a la idea, y el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, la consideró "un paso en la dirección adecuada de combatir la inmigración ilegal", ya que "el culpable de la inmigración ilegal es el que la explota". Otros doce países apoyaron la idea de que haya sanciones penales mínimas a nivel de la UE, y varios de ellos ya las aplican en sus territorios, aunque no todos los Estados miembros intervinieron en el debate de hoy.

En cuanto a las inspecciones, la cifra del 5% anual ya suponía una rebaja importante respecto al 10% que propuso la Comisión Europea (CE) hace un año, pero aún así la gran mayoría de los países insistió en que lo importante es la calidad, no solo la cantidad, por lo que pidieron centrarse en los sectores de riesgo.

"Es más importante que haya una calidad de las inspecciones, y no solo una cantidad nominal", afirmó la ministra finlandesa de Emigración, Astrid Thors. Corbacho apoyó la inclusión de un nivel mínimo de inspecciones y recalcó, por su parte, que "no hay garantía de inmigración legal si no hay inspección". A pesar de las diferencias, el ministro español se mostró convencido de que al final habrá un acuerdo por el que contratar a un inmigrante ilegal en la UE "será sancionable y podría llegar a ser un delito".

En cuanto a la "tarjeta azul", las divisiones se manifiestan básicamente en torno a cómo definir qué es un inmigrante altamente cualificado. Hay divisiones acerca de si esa definición se puede hacer en torno al salario (calculando a partir del salario medio del país) o por el tipo de título educativo que haya conseguido.

España es partidaria de, en lugar de calcular a partir del salario medio, hacerlo a partir de los convenios colectivos, indicó Corbacho en una conferencia de prensa. Añadió que, en cuanto a los títulos educativos, el Gobierno español prefiere que sean de ciclos superiores de cuatro años, aunque a otros países les basta con ciclos de tres años y cinco años de experiencia.

Corbacho insistió en la posición española de que la UE, a pesar de su necesidad de atraer "cada vez más" mano de obra muy cualificada de otros países de la UE, debe buscar formas de compensar a los países de origen a fin de que no se vean perjudicados por una "fuga de cerebros".

El comisario Barrot explicó que la "tarjeta azul" no sustituirá a los permisos nacionales de residencia, sino que ofrecerá movilidad dentro del territorio comunitario a quienes la reciban. El objetivo de la UE es ser un lugar más atractivo para los trabajadores muy cualificados de terceros países, que actualmente prefieren ir a EEUU, Canadá o Australia.