El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha recomendado que se investiguen cerca de una docena de casos de presuntos abusos y malos tratos a detenidos por parte de la CIA, lo que expondría a empleados y responsables de la agencia a potenciales juicios.

Así lo expone un informe de la Oficina de Responsabilidad Profesional del departamento que ya ha sido presentado al fiscal general, Eric Holder, según informó una fuente conocedora del documento al diario The New York Times.

En un principio, la Fiscalía decidió que estos casos que detalla el inspector de la CIA no serían juzgados, pero cuando Holder accedió al cargo a principios de este año tras la toma de posesión de Barack Obama como presidente de Estados Unidos tuvo acceso a los documentos, que hablan incluso de algunas muertes bajo custodia de agentes norteamericanos así como abusos físicos y psicológicos, decidió reconsiderarlo.

"Con la revelación de estos detalles y la recomendación formal de que al menos algunos casos sean reabiertos, parece que se tomarán pasos, lo que supone nuevos e importantes problemas para la CIA", indica el diario.

Pero también podría suponer el inicio de un periodo de crisis dentro de la Administración Obama, ya que el propio presidente propuso hace unos meses que no se juzgara a nadie por estos abusos para que el país pueda avanzar y superar la etapa de George W. Bush.

La sugerencia de revisión de estos casos de presuntos malos tratos se centra principalmente en detenidos en prisiones de Iraq y Afganistán. Aproximadamente representan la mitad de los que inicialmente se investigaron en el Departamento de Justicia y que luego fueron archivados.

En los numerosos casos de presuntos abusos contra detenidos por terrorismo que han salido a la luz en los últimos meses se habla de prácticas que han sido definidas por la propia Administración Obama como tortura.

Paul Gimigliano, un portavoz de la CIA consultado por The New York Times, asegura que la agencia no ha recibido hasta el momento ninguna notificación acerca de una posible apertura de los casos ya cerrados.

El dossier coincide con la desclasificación de algunos documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos que revela detalles de los abusos de los agentes de la CIA cometieron en los interrogatorios a miembros de Al Qaeda, como amenazas con pistolas y taladradoras eléctricas.

El informe, que fue elaborado en 2004 por la Inspección General de la CIA, se hace público ahora por orden de un juez de Nueva York, en respuesta a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Mientras tanto, el Pentágono ha accedido a facilitar a la Cruz Roja los nombres hasta ahora secretos de los arrestados en dos campos de detención temporal en Iraq y Afganistán pero no les permite visitarlos.

Los campos, operados por las unidades de Operaciones Especiales del Ejército de EEUU, están ubicados en las bases militares estadounidenses de Bagram, en Afganistán, y Balad, en Iraq.

Son centros de detención a corto plazo donde el Ejército de EEUU mantiene a insurgentes que se cree tienen información valiosa o suponen una grave amenaza.

Los detenidos permanecen arrestados en esos campos durante unas semanas y luego son trasladados a otros centros para un encarcelamiento mucho más prolongado.

A diferencia de las prisiones secretas de la CIA ya clausuradas, el Pentágono sigue operando los campos en Balad y Bagram.

La Cruz Roja tiene acceso a prácticamente todas las prisiones militares estadounidenses y sitios de detención en Iraq y Afganistán pero esos campos operados por las unidades de Operaciones Especiales del Ejército están excluidos.

El The New York Times señala que la nueva política entró en vigor este mes sin que se produjese ningún anuncio del Pentágono o la Cruz Roja.