El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue arrestado el sábado y ya cumple su condena de 12 años de prisión. Sin embargo, pese a estar encarcelado, todavía mantiene su candidatura para las elecciones del 7 de octubre.

En el caso de que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) decida seguir formando parte de la contienda electoral, la situación se tornaría muy compleja y la Justicia brasileña ingresaría en un limbo pocas veces visto que incluso podría terminar por anular los resultados de la votación.

Las diferentes instancias de apelación que existen en la Justicia brasileña jugarían a favor de Lula

A pesar de haber sido condenado en enero por corrupción, las encuestas nunca dejaron de sonreírle. En los últimos sondeos, el ex mandatario se acercaba al 40% de los apoyos en todos los escenarios, casi el doble del el segundo favorito, el ultraderechista y ex militar Jaír Bolsonaro.

Los próximos sondeos revelarán si la prisión de Lula modificó el escenario y cómo afecta eso al PT y al resto de los partidos. Lo cierto es que, por más que se presuma imposible hacer campaña tras las rejas, no existe una ley que lo impida y no son pocos los que creen que el ex líder sindical mantendrá su candidatura hasta las últimas consecuencias.

La Ley de expediente limpio, promulgada en 2010 por el Gobierno de Lula, prohíbe que una persona con condena en firme sea candidato a un cargo público. Si bien la ley imposibilitaría una candidatura del líder del PT, las diferentes instancias de apelación que existen en la Justicia brasileña podrían jugar a su favor.

El 15 de agosto es la fecha límite que los partidos tienen para oficializar sus candidatos ante el Tribunal Superior Electoral (TSE). Ese órgano colegiado es el único que puede decidir si una candidatura es válida o no.

Si, como se presume, el TSE invalida la candidatura de Lula a partir de la aplicación del "expediente limpio", la defensa podrá entrar con un recurso al Supremo Tribunal de Justicia (STJ), la segunda corte del país. Si éste rechaza la petición, el siguiente sería el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia judicial.

La medida cautelar con la que la defensa podría entrar a ambos tribunales se asienta en que, incluso arrestado, Lula aún no agotó sus recursos para probar su inocencia. Es decir, existiría la posibilidad de pedir un efecto suspensivo en su inelegibilidad hasta que eso suceda.

Si alguno de los dos tribunales aceptara suspender la decisión del TSE, y mientras no exista una decisión de última instancia sobre su eventual ineligibilidad, Lula podría hacer campaña (desde la cárcel) y participar en la elección

Si finalmente ganase, Brasil entraría en una situación casi surrealista: para que los votos de Lula se validen, el registro de su candidatura debería ser aceptado. En caso contrario, la elección podría ser anulada, lo que generaría un escándalo inédito y mayúsculo a nivel mundial.