El secretario general de la OEA, Luis Almagro, redobló ayer su presión al Gobierno venezolano al pedir más sanciones y plantearse denunciar al presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI). En una conversación con un grupo reducido de periodistas, el ex canciller uruguayo explicó su estrategia para lograr la "redemocratización" de Venezuela, lo que hasta ahora ha sido la gran prioridad de sus dos años y medio de mandato en la OEA.

Sus dos vías de acción son, por un lado, solicitar a la comunidad internacional sanciones más duras y, por otro, la posibilidad de denunciar él mismo a Maduro ante la CPI si los expertos de la OEA se lo recomiendan en un informe que presentarán a finales de mes. Su opinión es que las sanciones, incluidas las de los países americanos, son el único camino diplomático que queda para que Maduro se vea forzado a aceptar un proceso electoral con garantías y observación internacional.

Este año deben celebrarse en Venezuela elecciones presidenciales, pero no hay certeza sobre la fecha. "El camino diplomático que queda por delante es el camino de las sanciones y creo que tiene que haber sanciones cada vez más duras que permitan que el régimen venezolano estructure y permita un proceso electoral claro, la construcción de un sistema electoral garantista", sostuvo Almagro.

"Aún hay espacio para la vía diplomática, que en este momento implicaría negociaciones serias para la democratización y el aumento de sanciones contra los personeros [representantes] del régimen y/o el aparato económico y financiero", consideró el ex canciller, una de las voces más críticas con el Gobierno de Maduro, al frente de la OEA desde mayo de 2015.