El Parlamento denuncia arrestos y amenazas a allegados a los sublevados venezolanos abatidos

La comisión del Parlamento venezolano que investiga la muerte del policía alzado Óscar Pérez y sus otros seis compañeros abatidos hace una semana aseguró ayer que, por este hecho, se ha detenido a 31 personas, entre ellos familiares y amigos de las víctimas, y denunció amenazas contra allegados a los fallecidos.

"Hemos podido verificar 31 detenciones arbitrarias por el caso de la masacre de El Junquito (como llama la Cámara al caso), familiares directos e indirectos y amigos cercanos de las víctimas de la masacre", dijo la presidenta de esa comisión especial, Delsa Solórzano.

En una rueda de prensa, indicó también que desconocen el paradero de algunas de las personas que fueron detenidas en el marco del operativo policial del pasado lunes, en el que murieron nueve personas, entre ellas Pérez y dos funcionarios. "Han sido amenazados los familiares, hay serias amenazas a varios amigos cercanos e incluso a los empleadores de las personas asesinadas", agregó sin especificar de dónde vienen las supuestas amenazas.

Solórzano denunció "allanamientos de morada sin orden judicial" y "lesiones gravísimas en contra de varios ciudadanos a los que se les visitó para interrogarlos sobre su relación personal con los fallecidos". "Todo esto constituye sin duda alguna una gravísima violación de derechos humanos", apuntó, y destacó que el lugar donde se registró el operativo para la captura de Pérez y sus compañeros fue destruido.

Asimismo, reiteró que seis de los abatidos murieron por un disparo en la cabeza, según se pudo ver en el acta de defunción, algo que constituye un "patrón".

Mientras tanto, los cuerpos de seguridad dispersaron ayer en Caracas con gases lacrimógenos y perdigones una manifestación en homenaje a Óscar Pérez.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios