El Supremo de EEUU evalúa las políticas migratorias de Obama

El Tribunal Supremo de EEUU evaluó ayer dividido entre sus miembros liberales y conservadores si el presidente, Barack Obama, se excedió o no en su poder al dictar un plan para frenar la deportación de casi cinco millones de inmigrantes indocumentados.

Un empate entre los ocho magistrados que componen actualmente el Alto Tribunal supondría un duro golpe para Obama y para los inmigrantes que se beneficiarían de esas medidas, que además podrían ser derogadas por el próximo presidente estadounidense que llegará al poder en enero.

Mientras miles de personas se manifestaban frente al Supremo, en el interior, el Gobierno defendió las medidas dictadas por Obama en noviembre de 2014 para evitar la deportación de jóvenes indocumentados y padres con hijos con ciudadanía estadounidense o con residencia permanente. Estas medidas fueron bloqueadas por iniciativa de un grupo de 26 estados, encabezados por Texas y en su mayoría con gobernadores republicanos.

El juez conservador Anthony Kennedy cuestionó que Obama pueda suspender las deportaciones de millones de personas sin el visto bueno del Congreso, al considerar que esa "es una tarea legislativa". "Parece que el presidente decide la política y el Congreso la ejecuta. Esto está al revés", dijo Kennedy. En cambio, la jueza de inclinación progresista Ruth Bader Ginsburg opinó que "inevitablemente hay que plantear prioridades" a la hora de deportar o no a los indocumentados del país, algo con lo que coincidió la magistrada hispana Sonia Sotomayor.

El presidente de la máxima instancia judicial, John Roberts, avaló uno de los argumentos principales que emplea Texas en su demanda: los daños económicos que provocaría emitir de manera masiva las licencias de conducir a las que tendrían derecho los indocumentados beneficiados por las medidas de Obama.

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