El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo ayer que planea que los militares estadounidenses se encarguen de vigilar y mantener segura la frontera con México hasta que se construya un muro en ese límite y aseguró que la "caravana" de migrantes centroamericanos que se dirigía a su país se ha disuelto.

"Hasta que podamos tener un muro y seguridad adecuada, vamos a estar vigilando nuestra frontera con nuestras Fuerzas Armadas. Ese es un gran paso", dijo Trump a los periodistas durante un almuerzo con los líderes de los estados bálticos en la Casa Blanca.

Trump no dio más detalles sobre ese plan y no está claro qué cuerpo de las Fuerzas Armadas se encargaría de proteger la frontera sur de EEUU, que actualmente está vigilada por agentes migratorios entrenados específicamente para ello.

Tanto los ex presidentes George W. Bush como Barack Obama recurrieron a soldados de la Guardia Nacional, un cuerpo de reserva de las Fuerzas Armadas, para vigilar la frontera en distintas operaciones puntuales, pero esa medida recibió entonces críticas por su elevado coste.

Trump quiere, por otra parte, que el Pentágono ayude a financiar la construcción del muro fronterizo con México y la semana pasada habló con su jefe, James Mattis, sobre ese tema, según el Departamento de Defensa.

El presidente parece descontento con los fondos que logró para su proyecto estrella en el presupuesto federal, que incluye únicamente 1.600 millones de dólares para la construcción de una barrera fronteriza, pero con condiciones muy restrictivas y lejos de sumar los 25.000 millones que había pedido al Congreso.

Para beneficiarse de los extensos fondos del Pentágono, sin embargo, sería necesario "reprogramar" la financiación concedida al Departamento de Defensa para el año fiscal de 2018 y eso requiere una decisión del Congreso, donde es difícil que Trump obtenga los 60 votos necesarios.

Por otra parte, el presidente quiere presionar a los jueces de inmigración con cuotas anuales para acelerar la tramitación de los casos y, eventualmente, aumentar las deportaciones, informó ayer The Washington Post.

Los jueces deberán procesar un mínimo de 700 casos al año para obtener una evaluación de rendimiento "satisfactoria", según las nuevas directrices del Departamento de Justicia a las que tuvo acceso el rotativo capitalino.

Las nuevas directrices también penalizarán a los magistrados que eleven más del 15% de ciertos casos a tribunales superiores o que fijen audiencias demasiado separadas en el tiempo una de otra.

El objetivo de las cuotas es desatascar los más de 600.000 casos pendientes ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración. Estos casos pueden tardar años en llegar ante un juez, un tiempo en el que generalmente los inmigrantes están autorizados a trabajar en EEUU, lo que algunos ven como un incentivo a la inmigración irregular.