Uribe reconoce que es investigado por participar en una masacre en 1997

  • El mandatario colombiano asegura que un jefe paramilitar pretende implicarle en una matanza de 15 personas

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, dijo ayer que un jefe paramilitar, al que no identificó, busca acusarlo de presuntos nexos con los grupos armados de ultraderecha y de haber participado en una masacre en 1997.

Uribe hizo la revelación cuando reiteraba en una entrevista que su Gobierno es el que más esfuerzos ha hecho para acabar con los grupos paramilitares, con los que protagonizó un proceso de negociaciones que entre 2003 y 2006 permitió la desmovilización de más de 32.000 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El mandatario dijo a la emisora Radio Caracol que en la pasada Semana Santa pidió a sus abogados que reunieran toda la información sobre sus desplazamientos desde que tiene servicio de escoltas del Estado, en 1988, para desmentir las afirmaciones de un paramilitar que lo está acusando desde la cárcel.

Según el presidente colombiano, la acusación indica que en 1997, cuando era gobernador del departamento de Antioquia, se habría reunido con jefes militares y policiales para planear con quien fuera el máximo jefe de las AUC, Salvatore Mancuso, una masacre de campesinos.

El mandatario se refirió a una matanza de 15 personas ocurrida en octubre de ese año en la población de Ituango, en Antioquia.

"Ese bandido dice que yo hasta agradecí a los paramilitares por esa masacre porque liberaron a seis secuestrados, entre ellos un primo mío, y que Santiago, mi hermano, prestó 20 paramilitares para ese crimen", dijo Uribe, muy alterado.

Según Radio Caracol, la persona que hizo la acusación es Francisco Villalba, que cumple en una cárcel de Bogotá una pena de 33 y 36 años por dos masacres cometidas por los paramilitares, entre ellas la de Ituango.

Villalba dijo en una declaración que en ese ataque las AUC tuvieron la ayuda de miembros de la Cuarta Brigada del Ejército y que en los preparativos participaron los hermanos Álvaro y Santiago Uribe y el entonces director de la Policía, general Rosso Serrano, actual embajador en Austria.

Además, el recluso manifestó que, después de la masacre, Uribe expresó que "la operación había sido todo un éxito".

El gobernante indicó que sus movimientos son fáciles de seguir desde que tiene el servicio de guardaespaldas y dijo que la Justicia debe investigar la denuncia, aunque advirtió que "no se puede dar crédito a lo que dice un bandido con ánimo de venganza contra un ciudadano honorable".

Mancuso confesó haber ordenado la masacre de esas personas, a las que acusó de colaborar con los grupos guerrilleros, y dijo que para ello contó con la ayuda del general del Ejército Alfonso Manosalva.

Hace algunos años circuló el rumor de que los paramilitares que perpetraron la matanza se movilizaron en un helicóptero de la Gobernación de Antioquia. Uribe dijo el año pasado que eso era mentira y que las autoridades podían verificar las cartas de vuelo del aparato. "Lo que se debe recordar es que este Gobierno fue el que desmontó el paramilitarismo, lo combatió y obligó a sus miembros a desmovilizarse", dijo Uribe.

El presidente ha sido criticado por sectores de la oposición y organizaciones no gubernamentales por las "bajas penas", de máximo ocho años de cárcel, impuestas a los jefes paramilitares que se acogieron a las negociaciones, entre ellos Mancuso.

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