Jacob Zuma anunció ayer su dimisión como presidente de Sudáfrica en cumplimiento de las órdenes de su propio partido, el Congreso Nacional Africano (CNA), que le había dado un ultimátum para renunciar.

"He llegado a la decisión de dimitir como presidente de la república con efectos inmediatos", comunicó, en un discurso público realizado poco antes de la media noche, hora del fin del plazo otorgado por el CNA bajo la amenaza de forzar su salida este jueves mediante una moción de censura en el Parlamento.

Estoy en desacuerdo con la maniobra, pero siempre fui un miembro disciplinado del partido"

Pese manifestarse en "desacuerdo" con la maniobra, Zuma explicó que siempre fue "un miembro disciplinado" del partido, cuyas normas internas obligan a todos sus afiliados a acatar las órdenes de la cúpula, incluidos los cargos electos.

"El CNA nunca deberá estar dividido en mi nombre", recalcó, en un llamamiento a que no haya incidentes violentos debido a su marcha forzada.

Pese al acatamiento, Zuma dedicó la mayor parte de su intervención a argumentar que considera que la formación no siguió los cauces apropiados ya que es el pueblo, a través de sus representantes (los miembros del Parlamento), el que debería encargarse de definir la salida de sus líderes.

"No acepté servir para salir con pactos o beneficios de la oficina del presidente. Es mi partido el que me pone a mí por encima de los representantes del pueblo", subrayó.

Tampoco considera, dijo, que la vía de la moción de censura hubiera sido humillante para él, como habían esgrimido varios altos cargos del CNA, ya que es el mecanismo apropiado establecido por la Constitución que él juró servir.

"Ningún líder debería buscar una salida fácil", opinó.

El debate sobre la salida prematura de Zuma, que tenía mandato hasta 2019, venía detonado por su mala imagen y por los graves escándalos de corrupción que lo rodean.

El ya ex presidente sudafricano está implicado en numerosas acusaciones, incluidos casi 800 cargos por corrupción relativos a contratos de armas de finales de los noventa o las investigaciones por haber usado el Estado para favorecer a empresarios afines con concesiones públicas millonarias.