El Gobierno británico avanzó ayer que planea expedir un nuevo documento de identificación para que los ciudadanos europeos que residen en el Reino Unido puedan justificar sus derechos adquiridos ante empresas y organismos públicos. La primera ministra, Theresa May, detalló en el Parlamento que los comunitarios que ya están en el país o lleguen antes de una fecha límite, todavía por determinar, optarán a mantener sus derechos "como si fueran ciudadanos británicos" tras el Brexit.

May adelantó a los líderes europeos en Bruselas la semana pasada que el Reino Unido prevé otorgar la condición de "afincado" permanente a aquellos comunitarios que hayan residido al menos cinco años en el país, lo que les dará acceso al mercado laboral, el sistema sanitario, las prestaciones sociales y las pensiones. Aquellos que hayan llegado antes de la fecha de corte -que se establecerá previsiblemente entre marzo de 2017 y marzo de 2019-, podrán permanecer los cinco años necesarios para adquirir esos derechos.

En un documento publicado ayer por el Ejecutivo británico, se alerta, sin embargo, de que los europeos que entren en el Reino Unido tras esa fecha podrían encontrarse con "controles que limiten" sus posibilidades de "vivir y trabajar" en el país. Para distinguir a los europeos con derechos adquiridos, el Ministerio de Interior británico expedirá un "documento de residencia" que será imprescindible para todos los comunitarios que quieran acceder a un empleo o a los servicios públicos, con independencia de su fecha de entrada en el país.

May aseguró en la Cámara de los Comunes que los derechos de los 3,2 millones de europeos en el Reino Unido y los 1,2 millones de británicos expatriados en el resto del continente son una "prioridad inmediata" en las negociaciones sobre el Brexit que comenzaron la semana pasada. Dijo que se establecerá un sistema de registro para los ciudadanos comunitarios tan sencillo como sea posible, tras las críticas a su Gobierno por el formulario de más de 80 folios que hasta ahora deben rellenar los europeos para obtener la residencia permanente.

A pesar de que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo el viernes que el plan de May sobre los derechos de los europeos está "por debajo de las expectativas" de Bruselas, la premier aseguró que su propuesta "obtuvo una respuesta muy positiva por parte de líderes individuales". El documento publicado ayer constata que la libertad de movimientos entre ambos lados del Canal de la Mancha "se terminará" con el Brexit. El texto subraya que "la inmigración entre el Reino Unido y la UE continuará existiendo", pero deja claro que Londres está estudiando opciones legales para limitar la llegada de inmigrantes europeos.

La propuesta británica de cara a las negociaciones con Bruselas muestra la voluntad de continuar participando en el programa de tarjetas sanitarias europeas, a fin de que "los ciudadanos británicos que posean la tarjeta se puedan continuar beneficiando de atención sanitaria gratuita o a coste reducido durante estancias en la UE, y viceversa".

El negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, pidió "más ambición" a la propuesta del Gobierno de May. "Necesitamos más ambición, claridad y garantías que las que hay hoy en la posición del Reino Unido", señaló en su cuenta de Twitter.