Un ex dictador uruguayo, encarcelado por violar los derechos humanos

  • La Justicia de Uruguay ordena prisión para Gregorio Álvarez, que podría cumplir entre dos y 25 años de cárcel

La Justicia uruguaya ordenó ayer el procesamiento y encarcelamiento del ex dictador Gregorio Álvarez en una causa por violación a los derechos humanos durante su dictadura, a 15 meses de los primeros procesamientos del régimen militar.

Álvarez fue procesado como coautor de reiterados delitos de desaparición forzada cometidos a través de traslados clandestinos desde Buenos Aires a Montevideo de presos políticos, que luego habrían sido ejecutados, precisó la fiscal Mirtha Guianze.

Según el dictamen del juez Luis Charles, la responsabilidad del ex represor recae en el traslado en 1978 de una veintena de presos políticos por aire, mar y tierra, quienes fueron secuestrados previamente en los centros clandestinos de detención argentinos conocidos como pozos de Banfield, Quilmes y COTI-Martínez.

Por el mismo delito, el magistrado dictó el procesamiento del capitán de navío Juan Carlos Larcebau, al tiempo que libró una orden de captura internacional para el oficial de la Armada Jorge Tróccoli, sobre quien recaen idénticos cargos.

Los procesamientos de Álvarez y Larcebau son los primeros de la jurisprudencia uruguaya bajo la figura de "desaparición forzada", promulgada en el país en 2006 en el marco de la ley crímenes de contra la humanidad y prevé una pena de dos a 25 años de penitenciaría por tratarse de un delito que no prescribe, mientras no se establezca el destino o paradero de las víctimas.

El abogado defensor de Alvarez, Carlos Curbelo Tammaro, presentó en días pasados un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva normativa, que fue desestimado por la Suprema Corte de Justicia.

No obstante, el jurista volvió a insistir ante la Corte con dos nuevos recursos que fueron automáticamente rechazados, por considerar que la desaparición forzada de personas "crea un delito de mera sospecha, que comenzó a aplicarse como consecuencia de ataques terroristas que conmovieron la conciencia civilizada del mundo", esgrimió la defensa.

Ni la Corte ni el juez de la causa aceptaron los alegatos y dieron paso al pronunciamiento judicial que cerró el primer círculo en el castigo a violaciones de los derechos humanos.

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