Cultura

Cultura 'blinda' el litoral andaluz frente al expolio

  • Cualquier obra o intervención precisará de un informe arqueológico previo

La Consejería de Cultura ha completado el blindaje de las zonas subacuáticas del litoral andaluz, incluido el Guadalquivir, que tengan o puedan esconder restos arqueológicos hundidos, gracias a la publicación en el BOJA de la orden que crea las "zonas de servidumbre arqueológica", una figura que se suma a las recién creada "zona arqueológica subacuática". Ambas catalogaciones obligan a que cualquier obra o intervención que se pretenda llevar a cabo en esos enclaves requieran de un informe arqueológico previo de la administración.

La directora del Centro Andaluz de Arqueología Subacuática (CAS), Carmen García, explicó ayer que todas las zonas costeras de la comunidad, así como la parte navegable del Guadalquivir, en las que se tiene constancia, o una "presunción fundada", de la existencia de vestigios, están desde hoy protegidas como bienes de interés cultural (BIC). En este sentido, concreta que mientras que las "zonas arqueológicas subacuáticas" son aquéllas en las que se sabe de la existencia real de restos, las "zonas de servidumbre" son aquellas en las que "fuentes documentales u orales" indican que en esas coordenadas se han producido batallas navales o hundimientos de buques en el pasado. De este modo, intervenciones que podrían afectar a fondos subacuáticos protegidos por estas dos figuras, tales como dragados, obras portuarias o construcciones de centrales de ciclo combinado o de parques eólicos marítimos, requerirán de un estudio arqueológico por parte de Cultura.

García aclara que "esto no quiere decir las obras no se puedan ejecutar, sino que antes de llevar a cabo cualquier trabajo será necesario un análisis del espacio para averiguar si efectivamente hay restos y, de ser así, determinar el valor y las medidas de protección necesarias". En cualquier caso, "las opciones que se puedan tomar dependerán de la entidad y del valor del hallazgo", de modo que la Consejería podría dictar varias medidas, desde vetar el proyecto hasta modificarlo, pasando por la conservación in situ o la extracción de los restos.

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