El abogado Joaquín Moeckel ha aceptado trabajar "de forma altruista" en la defensa de las religiosas del convento de Santa Inés, que podrían enfrentarse a un expediente sancionador de la Junta de Andalucía por haber restaurado el órgano del espacio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y pieza que inspiró a Gustavo Adolfo Bécquer una de sus Leyendas más recordadas, la de Maese Pérez el organista. En un principio, la comunidad de monjas podría enfrentarse -si no aportan en un plazo de diez días las explicaciones oportunas- a la apertura de un procedimiento sancionador que contemplaría una multa de 20.000 euros por el traslado del órgano al taller de restauración de Jorge Anillo y de 150.000 por llevar a cabo la restauración integral del órgano y de todos sus elementos sonoros y mecánicos sin la autorización previa, una medida que a Moeckel le parece desmesurada. "En un momento en el que hablamos de que tiene que ser proporcionada la carga policial en Barcelona, tienen que ser proporcionadas la aplicación del artículo 155 o la prisión preventiva... en ese tiempo de las proporciones, doña Carme Forcadell tiene una fianza de 150.000 euros por querer romper España, y unas monjas clarisas tienen una amenaza de multa de 170.000 no por querer romper un órgano ni venderlo sino por restaurarlo, lo cual es una desproporción absoluta".

Para el especialista, "habrá que estudiar desde un punto jurídico-administrativo la diferenciación entre un elemento arquitectónico que puede ser declarado Bien de Interés Cultural y que lo sean todos los bienes muebles que lo integran, eso habrá que verlo; si está inventariado, de qué forma está, qué nivel de protección tiene... Aunque fuese así, la mera falta de autorización previa para una restauración no puede llevar aparejada una sanción tan desproporcionada. Es como si directamente se saca la tarjeta roja o se pita un penalti; antes están la falta, la advertencia del árbitro, la tarjeta amarilla... Sacar directamente la roja es algo muy grave, porque en ningún momento se ha dudado de que la restauración haya sido incorrecta. ¿Qué sanción se hubiera impuesto entonces si hubieran roto o vendido el órgano?", se pregunta el abogado.

Moeckel, involucrado anteriormente en otras causas vinculadas a la ciudad, sostiene que en el derecho administrativo sancionador "rigen los principios del derecho penal. Cuando se impone una multa a alguien hay que tener en cuenta los elementos cognoscitivos y volitivos, que actúe con conciencia y voluntad de hacer una infracción, y ese principio puede no darse cuando quien infringe alguna norma ha actuado conforme al principio de confianza legítima. Es decir, si otros órganos han sido reparados por el mismo maestro sin tanto papeleo, es normal pensar, como pensaron las religiosas, que se puede hacer igual".

El abogado no duda de que las monjas del convento de Santa Inés "están sometidas a la ley como cualquiera", pero opina que la posible sanción "debe plantearse con proporción". Para Moeckel, "uno no sabe cuándo actuar. Si restauras tu casa antes de que te concedan el permiso te multan, pero si esperas y se cae la fachada te multan también". Además, en opinión del especialista, "hay que exigir cuando se cumple, y entre el convento y la Junta existe un convenio del año 90 por el que a cambio de unas obras en la Administración se quedaban unos espacios, y misteriosamente los espacios que han arreglado son los que se ha quedado la Junta. Qué casualidad". Así, para Moeckel, "si eres el primero que no cumples, no puedes exigir tú".