Moeckel presenta las alegaciones a la posible sanción en Santa Inés

El abogado Joaquín Moeckel presentó ayer las alegaciones a la propuesta de sanción a las monjas del convento de Santa Inés, que podrían afrontar una multa de 20.000 euros por el traslado del órgano al taller y de 150.000 por llevar a cabo la restauración integral de éste, declarado Bien de Interés Cultural, sin autorización previa. En su escrito, el letrado argumenta que tipificar la conducta de las religiosas como grave resulta desmedido. "Entendemos que no se puede mantener esa tipificación porque la conducta llevada a cabo por las monjas no roza ni por asomo esa gravedad", defiende Moeckel.

Para el abogado, resulta relevante que la comisión provincial de Patrimonio, "llevada a cabo el 15 de noviembre de 2017, haya autorizado la restauración que se está llevando a cabo". Así, prosigue Moeckel, "lo que hay aquí es una cuestión de carácter formal: si alguien pasa la ITV y le dan la pegatina y no la pega, eso tiene una multa porque no ponga la pegatina en el cristal. Pero no se puede tratar de la misma forma a quien no ha pasado la ITV y coge el coche que a quien ha pasado la ITV y no pone la pegatina. En el primer caso, se está poniendo en peligro la seguridad vial", asegura. "Haber restaurado un órgano con gente perfectamente competente, como ha dicho la comisión de Patrimonio, no puede ser tratado como grave, cuando la comisión ha emitido un informe favorable a esa restauración".

En opinión del abogado, sirve como precedente "un episodio parecido, la instalación de un tabique de Pladur en la sacristía de la Parroquia de la Magdalena, que quedó en nada. Nosotros exigimos el mismo tratamiento. No estamos pidiendo un favor a las monjas, ellas están sometidas a la ley, pero que se aplique ésta en sus justos términos", reclama.

Además, Moeckel señala que el convenio de 1990 firmado entre la Junta de Andalucía y la orden de las clarisas "acordaba que se acometiesen una serie de obras en el convento y a cambio la Junta se quedaba con unos salones para exposiciones. Ese convenio, según certificación del arquitecto Fernando Mendoza, premio Nacional de Restauración, no se ha cumplido ni por asomo. La Junta, que exige seguir las leyes, es la primera que no las cumple".

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