El Museo del Baile Flamenco está en "stand by" con las administraciones públicas

  • Los responsables del centro que dirige Cristina Hoyos, puesto a la venta el pasado noviembre, preparan su oferta para la Bienal

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En paralelo a su actividad como directora del Ballet Flamenco de Andalucía, Cristina Hoyos está al frente del Museo del Baile Flamenco (MBF), un espacio que ella misma, a través del portal inmobiliario idealista.com, puso a la venta el pasado noviembre por un precio cercano a los seis millones de euros una vez que sus gestores manifestaron "la inviabilidad económica del proyecto", con pérdidas de hasta 390.000 euros, según reconoció Tina Panadero, sobrina de la artista y gerente del proyecto.

La inmovilidad del mercado financiero ha relegado el traspaso del MBF a un segundo plano en sus agendas y, hoy, el número 3 de la calle Manuel Rojas Marcos sigue abierto como museo y sus responsables, asegura Kurt Gröscth, director de marketing del espacio, preparan "el programa de actividades paralelas para la próximas Bienal", institución con la que, dice, "hay buena sintonía".

El museo, explica Gröstch, sigue con su oferta cultural: para el 28-F programan un recital de poesía en colaboración con la peña La Fragua y, entre sus proyectos más singulares, figura un seminario sobre flamencoterapia, la exposición La pintura flamenca entre lo figurativo y lo abstracto y colaborar en el proyecto del futuro museo del Cante de Las Minas.

Actividades todas éstas que silencian el hecho de que hasta la fecha, y más de tres meses después del anuncio de venta, "no ha habido contactos significativos" con particulares, financieras o fundaciones que pudieran hacer frente a este abultado pago, según Gröstch. La misma respuesta se obtiene de la relación actual con las administraciones públicas. El diálogo con la Junta de Andalucía y la Delegación municipal del ramo está en "stand by" desde que ambas instituciones coincidieran en manifestar en público, el pasado diciembre que, en el caso de que el museo se vendiera y los nuevos dueños no respetaran su uso cultural, se habrían de devolver las subvenciones y ayudas concedidas para su puesta en marcha y desarrollo, que en total ascienden a más de 980.000 euros, una exigencia que también fue solicitada por el PP-A.

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