La UE rechaza el canon digital que aprobó el Ejecutivo de Rajoy

El Tribunal de Justicia de la UE tumbó ayer el sistema español de compensación por copia privada o canon digital, aprobado por el Gobierno del PP, al estimar que colisiona con la directiva comunitaria sobre derechos de autor. La sentencia obligará a España a revisar este sistema aprobado en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que trabajarán "a pleno rendimiento" para hallar "una solución satisfactoria".

Las entidades de gestión de derechos de autor que iniciaron el proceso contra el actual canon -Egeda, DAMA y Vegap- celebraron el fallo, que consideran "un espaldarazo a la cultura", y recordaron que el Estado "tendrá que responder por los perjuicios causados", que calculan superiores a los 400 millones de euros.

La máxima instancia judicial comunitaria entiende que el sistema español, que sustituyó al que aprobó el PSOE, "no asegura que el coste de la compensación equitativa sólo sea sufragado por los usuarios de copias privadas".

Los jueces comunitarios explican que la actual compensación, con cargo a los presupuestos generales del Estado, está obligando a pagar a "todos los contribuyentes, incluidas las personas jurídicas", cuando sólo debería ser sufragado por los usuarios de copias privadas. A su juicio, son exclusivamente las personas físicas "quienes causan un perjuicio a los titulares de los derechos y tienen la capacidad de efectuar reproducciones de obras".

Las personas jurídicas, por tanto, "no deberían ser en último término deudoras efectivas" del canon digital, independientemente de si este está sufragado mediante una tasa sobre los dispositivos o con cargo a los presupuestos generales, según el Tribunal de Justicia de la UE.

Egeda, DAMA y Vegap recurrieron el canon del PP ante el Tribunal Supremo al considerar que era contrario a las normas europeas, por costear esa compensación con el presupuesto estatal, en lugar de exigir que sea el usuario de la copia privada quien la pague. Y el Tribunal español consultó al de Luxemburgo.

Ahora el Gobierno en funciones esperará al pronunciamiento último del Supremo, antes de tomar medidas de reforma del ordenamiento jurídico interno, según recordó a través de un comunicado del ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Sáenz de Santamaría precisó que se trabajará en "una solución que sea satisfactoria para todos y plenamente cumplidora del derecho comunitario".

La Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi), que agrupa a las principales entidades gestoras de derechos de autor, apuesta por utilizar "el modelo vigente en casi todos los países europeos" y reclama que se compense "la enorme diferencia que existe entre el importe que se ha estado pagando y el que se debería haber pagado".

El director de Egeda, Rafael Sánchez, recordó que la Secretaría de Estado de Cultura decidió en 2012 "de forma unilateral" que el canon se sufragase con los Presupuestos Generales del Estado "creando un impuesto indiscriminado para todos los españoles y aumentando el déficit público".

Sánchez advirtió que el fallo europeo no sólo cuestiona el actual modelo sino también la reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que, en materia de copia privada, contaba con el informe contrario del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. El Ministerio, por su parte, recordó que cuando se aprobó el Real Decreto-ley de compensación por copia privada, "ya se indicó que se trataba de un sistema transitorio hasta tener una directriz clara por parte de la Unión Europea".

"Con ese sistema se regularizaba una situación de inseguridad jurídica, desencadenada a raíz de la sentencia Padawan de 2010, que declaraba fuera de la legalidad" el sistema vigente en aquel momento, por el que se cobraban tasas indiscriminadas por cada aparato o soporte reproductor, añadió la nota del ministerio de Cultura, que concluía: "El Gobierno anterior no quiso acometer la reforma, que se le requirió incluso por moción aprobada en Cortes, generando incertidumbre tanto en los ciudadanos como en la industria cultural".

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