La penúltima campanada en la peripatética tramitación de la aprobación del canon que gravaría los soportes y dispositivos susceptibles de almacenar obras protegidas por derechos de autor la dio el Partido Popular hace justo una semana, cuando el pasado martes 11, y de forma inesperada, votó en el Senado a favor de una enmienda al Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) presentada por la Entesa (los partidos que integran el tripartito catalán) en la que se exigía la supresión de dicho gravamen, contemplado en la reformada Ley de Propiedad Intelectual (LPI), en el plazo máximo de un año.

La sorpresiva toma de postura del PP -en un primer momento achacada por la portavoz del Cultura del partido en el Congreso, Beatriz Rodríguez-Salmones, a "un error"- dejó sólo al Grupo Socialista en la defensa de la implantación del canon, con un notable retraso acumulado respecto al calendario previsto tras la aprobación de la LPI el pasado 22 de junio de 2006. Entesa ganó y la enmienda salió adelante.

Rodríguez-Salmones se apresuró a declarar entonces que su grupo votaría a favor del canon en el momento en que la LISI fuera devuelta al Congreso para la aprobación definitiva, hecho que se producirá pasado mañana, aunque la postura oficial de su partido no fuera en ningún caso tan clara como la portavoz pretendía. Ya el día 13, tras la votación en el Senado, el senador popular José Seguí señaló, desmintiendo a Rodríguez-Salmones, que no hubo error alguno y que el voto de su grupo contra el canon fue plenamente consciente. Por si quedaba alguna duda, el propio presidente del PP, Mariano Rajoy, declaraba el día 14 desde Buenos Aires, donde buscaba el voto emigrante, que el canon digital es un sistema "antiguo, arcaico e inaceptable: no pueden pagar todos los ciudadanos sobre la base de que son sospechosos de hacer cosas que no son legales". Rajoy incluso avanzaba que, en el caso de ganar las próximas elecciones generales, crearía una agencia de la propiedad intelectual para consensuar las diferentes posturas en torno a tan espinoso tema.

Aunque las manifestaciones del dirigente popular podrían considerarse en principio como una toma de postura clara respecto al sentido del voto de su grupo, la situación aún dista de quedar meridianamente perfilada. El PP remitió en principio a la reunión de ayer de su grupo de portavoces en el Congreso para delimitar su posición, sin embargo, a media tarde, la única determinación adoptada se concretaba, según fuentes populares, en un "haremos lo que diga el jefe, como siempre".

El jefe, con toda probabilidad, se pronunciará hoy, pero dentro de su partido ya hay quien apunta a que el PP votará finalmente contra la implantación del canon, dejando nuevamente solo al PSOE en la defensa de una medida no sólo impopular para los internautas -como tan a menudo tratan de convencer a la opinión pública las principales beneficiarias del gravamen, las entidades de gestión de derechos-, sino también cuestionada desde diversos colegios profesionales, entidades educativas, parte de la propia judicatura y hasta un amplio sector de las bases del Partido Socialista.

Sin embargo, este embrollo de última hora es apenas el último eslabón en una cadena de desencuentros no sólo ya entre los dos principales agente industriales de la confrontación, las empresas tecnológicas -que terminarían cargando sobre el consumidor el importe del canon- y las entidades de gestión de derechos de autor, con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) a la cabeza -que esperan recaudar en torno a cien millones de euros por este concepto en el primer año de imposición del gravamen-, sino incluso dentro del propio Gobierno.

Ya desde el periodo de reformulación de la Ley de Propiedad Intelectual quedaron en evidencia las discrepancias entre los ministerios de Cultura, por un lado, e Industria y Energía, por el otro.