Hace dos semanas, el Tribunal Constitucional ha declarado nulo el decreto de amnistía fiscal que el Gobierno de España promulgó hace cinco años. Desde entonces, los ataques a su precursor, el ministro Montoro, y los sofocos de moralina y ética barata se han sucedido por todos los sitios: ¡Montoro crucifixión! ¡Corruptos dando salvoconductos a sus amigos corruptos! ¡Gobierno delincuente! y en esa onda. Hipocresía. Y trenes baratos: sin analizar qué ha sentenciado el Tribunal Constitucional ni en qué consistía el decreto llamado de amnistía fiscal, cuántos se han golpeado la caja cual King Kong, como si dicha ley no fuera una huida desesperada de un Gobierno desesperado en un Estado desesperado. Si son chorizos o cómplices de chorizos, lo serán por otros delitos y causas, que tenerlas las tienen. La amnistía fiscal lo que pretendía es devolver dineros al país. Y no gratis, sino a cambio de un 10% del montante evadido. Se esperaba recaudar 25.000 millones de euros. A la medida de gracia se acogieron 31.000 evasores. A ellos, por cierto, no les afecta nada la sentencia. En realidad, se anula por el uso de una vía incorrecta para hacer algo que no sólo es factible ejecutivamente, sino que -si nos tapamos la nariz- es bueno para la economía: a ver qué objeción se le puede poner más allá del mal olor, porque sin esa medida, ese dinero nunca hubiera vuelto al país. Al menos legalmente y tributando. Hay diversos precedentes en el mundo.

Un ministro de Hacienda es, por definición, un personaje temible, e incluso siniestro; por ejemplo, para aquellos que deben pagar un extra sobre las retenciones en la declaración de IRPF cuyo plazo vence a final de este mes. Si el ministro, caricaturizado, se da un cierto aire vampiresco o pudiera recordar al pérfido señor Burns de los Simpson, disponemos gratis de un personaje cuya realidad supera a toda posible ficción. Cristóbal Montoro es un ministro de Hacienda temible porque su encomienda básica ha sido en los dos últimos gobiernos la del malo de la película: evitar el naufragio presupuestario público ante la brutal caída de los ingresos fiscales mediante una poda sistemática del gasto publico; trasmitir de forma tajante y coercitiva a comunidades autónomas y ayuntamientos la alarma y la necesidad de ajustar los presupuestos casi eliminando toda posibilidad de déficit, y subir los impuestos indirectos y directos (y encima vendiendo públicamente que está haciendo lo contrario). Un papelón. No se puede decir que no haya hecho su trabajo con eficacia. Con esta triple tarea, Montoro se ha desvivido por buscar dinero para el fisco debajo de las piedras. En piedras cercanas, contra el fraude fiscal dentro del país, y en piedras lejanas, intentando detectar capital que se fue de aquí, por medio de bancos o en sacos, a paraísos fiscales. La Agencia Tributaria se ha puesto las pilas a lo bestia en los últimos ocho o nueve años, tras el relax inspector que inoculó el dinero abundante y caliente. Es cierto que a quienes (nos) ha breado ha sido a los asalariados y profesionales que no tienen escapatoria, a las clases medias. Cosas de la crisis y de sus urgencias.

Este último aspecto es importante. Las cifras de dinero evadido por individuos y empresas españolas es mareante. Si se pudiera repatriar todo y tributara aquí, aleluya, y si además -más aleluya- aflorara la economía sumergida, España sería un país rico, sin problemas de déficit y, por tanto, con más y mejores servicios e inversiones públicas. Utópico, vale. Montoro intentó mediante una amnistía fiscal ofrecida a defraudadores lanzar otro flotador a una economía en temible recesión y peligro de bancarrota. Recordemos esto antes de valorar: nos íbamos a pique. Pero mola más el ruido que las nueces.