La búsqueda de nuevas bases impositivas se corresponde con las exigencias de mayor gasto social. Hay una cierta contradicción en la oposición al impuesto de sucesiones en Andalucía -yo el primero, tal como está- y las manifestaciones para que se construyan más hospitales y haya más recursos para dependencia y educación. Pero, claro, se trata de quién sufre la presión fiscal y cómo se sienten en carne propia los impuestos. La propuesta de gravar a los robots, que les quitan el trabajo a los humanos -que pagan un impuesto sobre el trabajo- tendría escaso sentido si no viniera de Bill Gates, quien en una entrevista, y no de broma, sacó este tema que resulta cada vez más preocupante. En efecto, el cofundador de Microsoft destaca cómo la robótica va reduciendo la necesidad de mano de obra, y los beneficios de la tecnología se reparten entre una élite de asalariados y el capital, dejando al margen a un número creciente de trabajadores, empresarios y autónomos. Esta cuestión es complicada de resolver, pero saca a la luz un problema grave en nuestra sociedad, y es cómo se reparte la productividad que genera la robótica y qué consecuencias sociales tiene.

Dos cuestiones podemos, al menos, señalar. Primera, la automatización es un concepto muy amplio, que incluye no sólo máquinas que fabrican, y hacen tareas manuales, sino a cajeros, lectores de códigos, medios de pago, reservas de todo tipo, y programas expertos que pueden conducir un vehículo. Hay robots que ayudan a los cirujanos o a la policía a desactivar explosivos, sin que disminuya la necesidad de cirujanos y policías; y otros que pueden reducir dramáticamente las necesidades de personal, por ejemplo, en las tareas portuarias. Es difícil distinguir entre máquinas que sustituyen a las personas, y las que aumentan su productividad, y además nos proporcionan bienes y servicios útiles. En segundo lugar, en España los impuestos a las rentas del trabajo suponen un 40% de todo lo que se recauda, lo que indica la carga que soporta el factor trabajo de producción. Por otra parte, la velocidad a la que la automatización destruye empleo se ve en la disminución de la población activa; y también en la participación de los salarios en el producto, que ha caído un 0,8 % y acumula un año completo de descensos.

Los robots y sus afines contribuyen al crecimiento del producto, y el papel de los impuestos no debería ser tanto gravarlos y quitar estímulo a su uso, como repartir los beneficios de su productividad. Entre el impuesto a la renta del trabajo que hacen los robots, la riqueza que suponen para sus dueños y el valor que añaden a la producción, me quedo con este último como forma más práctica de gravamen. Pero queda sin resolver la destrucción del empleo y la situación de trabajadores que difícilmente van a tener oportunidades tal como se plantea el mercado laboral. No hay otra solución que una compleja e inteligente implicación de los poderes públicos en la construcción de un marco de relaciones laborales entre las personas y las máquinas, con una nueva visión del bienestar y de la fiscalidad. Desde luego, aquí tienen los partidos políticos donde entretenerse.