Análisis

joaquín aurioles

Desigualdades regionales e incentivos a la inversión

Casi 3.000 empresas se han marchado de Cataluña desde el 1 de octubre. Son muchas, entre ellas multinacionales de gran tamaño que habían decidido instalarse en esa comunidad para acceder desde ella al conjunto del mercado español, aunque afortunadamente para ella también son muchas las dispuestas a resistir. Sólo Madrid, el destino elegido por la mayoría de las que se han marchado, ofrece un paisaje empresarial similar al catalán, en acusado contraste con el de otras comunidades como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha. Son las de menor renta per cápita y con el tejido empresarial más débil, así que lo razonable es que se vean favorecidas por los incentivos regionales a la localización de nuevas empresas. Los hechos, sin embargo, demuestran que las fuerzas que mueven a la concentración empresarial en unos territorios y a la exclusión sistemática de otros se imponen con contundencia sobre los incentivos y que las desigualdades regionales no se corrigen. Expondremos, sin ninguna pretensión de exhaustividad, tres argumentos para explicarlo.

El primero tiene su origen en la denominada Nueva Geografía Económica. Cuando los costes de transporte y comercialización son elevados y las economías de aglomeración (ventajas derivadas de la proximidad a otras empresas) son reducidas, las empresas tienden a localizarse cerca de los mercados y a distribuirse por todo el territorio, pero cuando los costes de transporte se reducen y aumentan las economías de aglomeración, las empresas tienen incentivos para concentrarse. Si las comunicaciones mejoran será posible abastecer un gran mercado con un menor número de empresas, pero de mayor tamaño. Si además se produce un proceso de integración económica como el europeo, lo más probable es que los incentivos a la localización industrial en regiones periféricas pierden eficacia, que empresas multinacionales terminen absorbiendo a la industria tradicional, localizándose donde la existencia de economías de aglomeración favorezca la productividad, es decir, donde ya existe un tejido industrial consolidado, y los desequilibrios regionales aumenten.

El segundo argumento es que cuando los incentivos a la localización adoptan la forma de desgravaciones fiscales o subvenciones a la inversión en capital, el beneficiario último es el propietario del capital. Cuando en un país como España las desigualdades regionales son tan acusadas, los incentivos al capital pueden convertirse en un mecanismo de transferencia de rentas desde las regiones pobres a las ricas y agravar el desequilibrio.

Por último, cuando existe un elevado nivel de autonomía política en las regiones, éstas tienen la posibilidad de desarrollar sus propios estímulos a la localización que, junto a las economías de aglomeración, pueden neutralizar fácilmente a los incentivos en regiones periféricas. Si además, como ocurre en el caso de España, los mecanismos de coordinación multilateral son débiles, la negociación bilateral entre el estado y las regiones ricas puede proporcionar a estas últimas caminos eficaces, por ejemplo fiscales, para aumentar sus atractivos a la localización de nuevas empresas.

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