Las conversaciones mantenidas entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, para modificar el actual sistema de financiación autonómica han levantado grandes recelos por parte de la mayoría de los presidentes autonómicos.

De un lado, se encuentran las autonomías que reciben una financiación por habitante superior a la media nacional y temen perder dinero con un nuevo sistema. De otro, se encuentran aquellos que reciben en la actualidad menos recursos por habitante y temen que con el nuevo sistema no se hará tampoco justicia y continuarán recibiendo menos recursos de los que teóricamente les correspondería.

Existe, además, una inquietud compartida por todos debido a la situación en Cataluña. La inquietud deriva de los posibles recursos extraordinarios que recibiría esa comunidad autónoma para aplacar al movimiento secesionista.

En Andalucía, en particular, el elevado volumen de recursos que recibe, al ser la comunidad con mayor población, hace temer que cualquiera que sea el acuerdo al que se llegue, los recursos adicionales que reciba no serán suficientes para situarse en torno a la media nacional.

La mezcla de una financiación por habitante distinta con diferentes partidos gobernando harán muy difícil el acuerdo interno entre los partidos y, a la vez, el acuerdo entre comunidades.

El PSOE va a tener problemas en Cantabria, Asturias, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y Canarias, al tratarse de Comunidades con una financiación por habitante superior a la media nacional. En teoría, un reparto más justo les haría perder recursos en términos relativos.

Igualmente, el PP va a sufrir tensiones internas por la favorable situación de financiación de Galicia, Castilla León y La Rioja. Estas regiones tendrían que perder también recursos relativos por habitante con un nuevo sistema que fuera más equilibrado.

Pero los problemas de mayor envergadura se van a encontrar en Andalucía y Cataluña. Andalucía cuenta con unos recursos por habitante del 96,5% respecto de la media nacional. Si se aproximara la esa media, esos tres puntos y medio, en la Comunidad con mayor población, absorbería buena parte de los recursos adicionales. En el caso de Cataluña -además de lo apuntado anteriormente- el problema no sería tan grave, al tener una financiación por habitante del 98,2% respecto de la media, aunque sería también significativo. La Comunidad Valenciana, la peor financiada de todas, también reclamaría una porción relevante de recursos.

El PSOE, por tanto, va a enfrentar problemas relevantes con Andalucía y Valencia, y el PP con Murcia, al tratarse de los territorios peor financiados.

Todos los cálculos sobre el actual sistema y el que debería sustituirlo, están hechos. Pero las comunidades mejor financiadas se van a resistir a perder posiciones en la financiación pública.

¿Cómo van a negociar, de una manera centralizada, el PSOE y el PP, cuando algunos líderes regionales ya han advertido que corresponde a las comunidades negociar con el Gobierno central?

Lo más sensato -utilizando la Teoría de Juegos- sería llevar a cabo una negociación centralizada para todas las comunidades. En otro caso, la confusión y las negociaciones interminables estarán garantizadas.