Llegó el nuevo año y, como se esperaba, el Gobierno incumple su promesa de iniciarlo con un sistema de financiación autonómica renovado, haciéndose nuevamente acreedor de la acusación de indecisión para afrontar problemas graves. Se mantiene el modelo impulsado por Zapatero en 2009, que tendría que haber durado cinco años, pero al que las circunstancias han hecho entrar en su noveno año de vigencia, a pesar de su nefasto funcionamiento y de la oportunidad de toda una legislatura con mayoría parlamentaria del Partido Popular.

Zapatero aplicó la técnica del remiendo a medida sobre el patrón original, es decir, sobre el cuerpo básico del modelo, para conseguir el apoyo unánime de las comunidades. El resultado fue una especie de rompecabezas en el que temporalmente encajaron todos los intereses autonómicos, pero en el que, como era de esperar, algunos comenzaron a sentirse incómodos al poco tiempo y terminó por convertirse en insoportable para todos. La crisis de 2008 fue el principal detonante de la caída de los ingresos y de la aparición de un conjunto de problemas entre los que cabe destacar el déficit no financiero de las comunidades (en torno al 2% entre 2000 y 2007, llegó a situarse por encima del 25% entre 2010 y 2011), el aumento de su endeudamiento y, dado el cierre de la financiación externa desde 2012, el deterioro del sistema de bienestar y de los servicios públicos fundamentales.

En términos estrictamente políticos las consecuencias podrían calificarse incluso de mayor gravedad, puesto que a raíz de la crisis y, sobre todo, tras la formación del primer gobierno de Rajoy, las comunidades autónomas fueron injustamente responsabilizadas (como acreditan publicaciones recientes del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, IVIE) del deterioro de las cuentas públicas. Aunque el ajuste en el gasto público de las autonomías durante la crisis ha sido considerablemente superior al de la administración central, la tendenciosa imputación de responsabilidad desde el Ministerio de Hacienda tras el desembarco de Montoro, provocó un fuerte deterioro de la confianza en el sistema autonómico y una creciente demanda de reforma del modelo territorial, con la consiguiente oportunidad para las aspiraciones de pacto fiscal con el Estado en Cataluña.

Algunos presidentes autonómicos han comenzado a abandonar su discreta actitud de no echar más leña al incendio provocado por el independentismo catalán y a demandar una solución urgente al problema. Entre ellos Susana Díaz, apremiada por la insostenibilidad financiera de su gobierno y por el deterioro de los servicios públicos fundamentales en Andalucía. En el caso de la sanidad, por ejemplo, tan pretendidamente emblemática en nuestra comunidad, la situación es insoportable desde hace algún tiempo. La peor financiada de todas, tanto en términos de gasto público por habitante, como por habitante protegido equivalente, que es la unidad de referencia en términos de financiación autonómica para reflejar necesidades derivadas de las características de la población residente, que por cierto en Andalucía son inferiores a las del resto de España.