La mediación es el proceso de resolución de conflictos más usado y que ha tenido más éxito a lo largo de la historia. Sin embargo, al aumentar la complejidad y la institucionalización de las relaciones sociales y económicas se ha disparado la judicialización de las disputas y de los costes asociados que estos procesos tienen tanto para los implicados como para el correcto desenvolvimiento de una sociedad abierta y que aproveche todas las oportunidades de intercambio, creación de riqueza y crecimiento.

Las sociedades tecnológicas avanzadas y los actores que la forman empiezan a no a admitir un grado tan elevado de ineficiencia como el que plantean algunos sistemas organizativos en el ámbito político, económico, judicial o de la prestación de los servicios públicos. El 10 de enero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaba una sentencia en la que por primera vez condena a las instituciones comunitarias por la excesiva duración de un procedimiento que causó a la vez un perjuicio material y moral. Y se podrían poner ejemplos de ineficiencia en otros muchos ámbitos. Esto tiene efectos para el desarrollo y la confortabilidad individual, pero también para las posibilidades de crecimiento económico y progreso colectivo. El Nobel de Economía Douglass North señala que las ineficiencias son la principal causa del estancamiento de la productividad, y estima que el progreso de un país no depende tanto de sus recursos materiales sino del marco de relaciones y de cómo se organiza esa sociedad para crear orden y minimizar incertidumbres. Está claro que para la generación de riqueza y para el crecimiento son fundamentales los recursos materiales. Pero hay mucho más. Y es en ese mucho más donde una sociedad con las ineficiencias que arrastra la andaluza debería ponerse tareas. Ya que lo organizativo y el contexto cultural influyen de manera decisiva en la capacidad de generar riqueza, de impulsar el crecimiento y de converger con otros territorios de España y de Europa. ¿Es necesario impulsar reformas estructurales y que deberían empezar por la educación y por frenar la fuga de talento? Sí. Pero también se puede avanzar en elementos que tienen menor coste y un retorno más inmediato, como el impulso a la mediación. Si en España se derivara a una mediación eficiente el 10% de los asuntos en litigio representaría un ahorro de 177 millones de euros, pudiendo alcanzar la cifra de 530 millones, si se llevara el 30%. Un ahorro que podría multiplicarse si la resolución de conflictos se aplicara a asuntos que aún no están en los tribunales. Pero no sólo significa ahorro directo. El entorno de seguridad jurídica que generaría una implantación generalizada y normalizada de la mediación profesional desencadenaría una espiral de confianza en las relaciones económicas y sociales que afectaría de modo determinante en el medio plazo a nuestro PIB y también se traduciría en generación de empleo.

Es conocido el axioma que dice que si haces siempre lo que siempre has hecho nunca llegarás más lejos de donde siempre has llegado. Por eso, el Día Internacional de la Mediación, que hemos celebrado en este mes de enero, es una oportunidad para divulgar y reivindicar la extensión de la mediación profesional. Porque la mediación podría representar un factor decisivo para construir una sociedad más abierta y una economía más dinámica. Pequeños cambios que tienen efectos tan importantes como algunas grandes reformas que luego se quedan a medio camino y en tierra de nadie. Se trata de que la sociedad civil se conciencie que es necesario cambiar hábitos, y que instituciones y colectivos ciudadanos y profesionales se comprometan y lideren la apropiación social de nuevos mecanismos de relaciones sociales y económicas que vengan a acabar con las intolerables ineficiencias que sufrimos ciudadanos y empresas en nuestro día a día.