La Generalitat catalana ha utilizado todas las formas posibles de chantaje emocional contra el Estado. Ha recurrido al victimismo del "España nos roba" y al falseamiento de la realidad, incluida su propia historia, aunque no siempre con éxito, como en el caso de las balanzas fiscales. También al miedo, utilizando la amenaza independentista para forzar un concierto fiscal. Para los psicólogos, el chantajista emocional es un manipulador de debilidades que persigue beneficios particulares, que nada tienen que ver con la negociación, de la que normalmente ambas partes deben beneficiarse. El desembarco de Mariano Rajoy en Barcelona con un paquete de inversiones por valor de 4.200 millones de euros suena a que, al menos en parte, en esta ocasión se ha cedido al chantaje, aunque haya que reconocer que la reivindicación catalana de un impulso definitivo al Corredor Mediterráneo está perfectamente justificada.

Se trata de algo menos de la mitad de la población y el PIB nacional y, según se ha dicho, de un 60% de las exportaciones españolas a Europa. Si a esto se le une el potencial del valle del Ebro y el tráfico comercial de importación de productos desde la Unión, hay que reconocer que Cataluña dispone de una renta de situación en potencia comparable a la que en su momento tuvo Andalucía en el comercio con América o con la que podría estimarse para un enlace fijo con África a través del Estrecho de Gibraltar. Sin duda un importante foco de atracción de empresas en el que habrán pensado los grupos que apoyan la independencia, sobre todo tras conocerse que, según D&B, Cataluña es la comunidad donde el movimiento de llegadas y salidas de empresas registra el mayor saldo negativo de toda España (-279), mientras que el mayor saldo positivo correspondió a Madrid (407), seguida de Andalucía (132).

Para la Junta, el eje del Mediterráneo siempre fue un proyecto maldito. Imprescindible para la franja litoral oriental en los años 80, cuando era una de las zonas más dinámicas de país, la Junta decidió canjear de Autopista del Mediterráneo hasta Algeciras por el centralista proyecto de la A-92. Se consolidó lo que en su momento se denominó "la fractura murciana" y se aplazó durante tres décadas irrecuperables la disponibilidad de una infraestructura acorde con las necesidades de la pujante, por entonces, economía de la zona.

Lo que ha ofrecido Rajoy encaja con el tipo de gesto que los catalanes no secesionistas necesitan para sobrellevar la enorme presión política a la que se encuentran sometidos, a pesar del riesgo de choque frontal con el resto de las comunidades. Andalucía, por ejemplo, tendría perfecto derecho a considerar un cambio de estrategia para acabar con el aislamiento ferroviario del sudeste, mientras que en Málaga se han visto frustradas las aspiraciones a sede de la Agencia Europea de Medicamentos, al conocerse que en el paquete con el que Rajoy ha viajado también estaba su apoyo a la candidatura de Barcelona. Un arriesgado precedente que puede llevar a cuestionar si los intereses ciudadanos se defienden mejor desde la resignación leal y honorable o desde el chantaje despreciable.