Si hay algo incomprensible en España, y en particular en Andalucía, es la lentitud de ciertas administraciones públicas a la hora de tramitar expedientes, programar intervenciones y pruebas médicas, emitir informes, autorizaciones, sentencias, resoluciones, certificados y demás documentos de los cuales dependen las actividades personales y empresariales de la comunidad a la que sirven. La dotación de personal y tecnología de estas organizaciones suele ser decente, en algunos casos escasa, en no pocos holgada. Sin embargo, la emisión de un título universitario, por ejemplo, puede llevar meses una vez que el titulado ha cumplido con todas las exigencias para ostentar dicho título. Un informe medioambiental positivo y preceptivo para comenzar actividades también es cosa de meses. Operarse de algo que está maltratando tu salud suele implicar eternas listas de espera; un señalamiento de juicio es cosa de echarse a dormir varias estaciones. Pareciera que el tiempo aporta mayor seguridad y solidez a trámite, como si su mero paso filtrara los posibles errores o fraudes. Con las consabidas honrosas excepciones, casi sólo la gestión de los ingresos es rápida (ejecutiva, implacable, rabiosa, inclemente): con los impuestos y las sanciones no se juega.

Otra cosa es con los gastos: ahí las instituciones están más bien de espalda al ciudadano, al consumidor, al alumno, al paciente: "Vuelva usted mañana", "Esto lleva un tiempo", "Ya no depende de mí", "Presente una solicitud el lunes en la planta de abajo". Sin saberse muy bien por qué: todo está informatizado, se gastan millones en software, hardware y mantenimiento y actualizaciones de los mismos, pero la obtención del dichoso papelito timbrado está en el incierto final de una procelosa tela de araña intra o interinstitucional. De una dependencia o sección a otra, aquello de "dar traslado" a intervención o registro, que si un interventor que debe firmar y tarda semanas en estampar el garabato y el sello -que no falte el sello con la fecha y la rúbrica a boli, en paralelo con la electrónica y la digitalización total-, de esta administración a aquella otra, en un eterno viaje en balsa por el océano burocrático, en el que el usuario puede muy bien acabar achicharrado. Otro poner: a la hora de constituir una empresa con todos sus avíos, España se codea con repúblicas africanas cuyas rentas per cápita están bajo el umbral de pobreza.

En estos días, otro episodio da muestra de la baja calidad institucional -que así se llama ahora a la cosa- de este país, a veces con un plus de dilación sureño que resulta irritante. Ha sucedido en la provincia de Sevilla, donde una multinacional como Ikea ha decidido dejar de esperar, porque las administraciones públicas y la propia promotora del parque donde iba a instalarse han acabado espantando al mochuelo escandinavo (nos reservamos la opinión en esta pieza acerca de la proliferación de parques y centros comerciales en curso, y daremos por válida la alta consideración que se da a la implantación de estos macrocentros con empresas mundiales señeras). Los suecos se han hartado no sólo de la inconsistencia de los propietarios de los suelos elegidos, sino de los innumerables escollos administrativos. Se van a otro sitio. Quizá los comerciantes pequeños de la zona estarán aliviados. Lo más sorprendente de todo esto es que, si es urgente que algo se haga "para ya", se hace. Porque quizá la firma preceptiva se podía haber estampado un par de meses antes sin ningún problema. Damos así la sensación, que tanto indigna a tantos, de que la función pública confunde su papel de medio y se convierte en un fin personal y colectivo. Y de que hay más gente de la cuenta al amparo del sector público. Y que hay órganos completamente superfluos.