FERNANDO RODRÍGUEZ VILLALOBOS

Presidente de la FAMP

Lo local como valor añadido

Las entidades locales vienen registrando superávit en sus cuentas desde 2013

El pasado 23 de marzo, el Consejo de Ministros daba luz verde a la aplicación del superávit de las entidades locales. Una buena noticia para todos los Ayuntamientos y Diputaciones de España, que tras cumplir con los parámetros de la Ley de Estabilidad, la deuda pública y el techo de gasto, podrán invertir en servicios públicos para sus vecinos y vecinas la cuota parte correspondiente de los aproximadamente 7.000 millones de euros que han obtenido en ese superávit.

Una cifra, la de esos 7.000 millones, que se une a otras similares en años anteriores, ya que desde 2013, las entidades locales de España vienen registrando saldos positivos en las liquidaciones de sus presupuestos y, por ende, contribuyendo positivamente al registro de déficit público del país ante Bruselas. O lo que es lo mismo, en el último lustro, el Gobierno ha venido optimizando la contención del déficit gracias a los saldos positivos de las entidades locales, frente al déficit permanente del Estado.

Pero lo más importante, quizá, en toda esta cuestión, sea un valor añadido de fondo, un rasgo diferenciador, del que poco o nada se habla en relación con la generación permanente de superávit desde las entidades locales y la eficiente contención del gasto en clave municipal: la forma de hacer las cosas de los alcaldes y alcaldesas de este país.

Porque, al férreo control que el Gobierno impuso en tiempos de crisis, desde las alcaldías y las diputaciones la respuesta fue un trabajo callado, permanente y sostenido, que logró mantener los servicios públicos a los vecinos y vecinas, aun cuando peor estaban las cosas.

Cuando más arreciaba el fenómeno de la corrupción y el desprestigio de la política, desde el ámbito local se empezaba a dar un giro total en la manera de hacer las cosas, colocando de nuevo al vecino en el centro de las políticas, de donde nunca tuvimos que sacarlo.

Y ha sido esa labor callada y sostenida la que, a día de hoy, ha hecho de los Ayuntamientos el embrión de la regeneración política de este país. Es en los alcaldes y alcaldesas donde está la llave para recuperar el prestigio de la noble tarea que sigue siendo servir a los demás desde lo público.

No cabe mejor carta de presentación ante la ciudadanía que la que hoy aportan los Ayuntamientos españoles, manteniendo sus finanzas bajo control, afanándose siempre en la mejora y amplicación de los servicios públicos a sus vecinos y vecinas, e incorporándose a la nueva economía digital desde la implantación del concepto de smartcities.

Y con esa tarjeta de visita, el Gobierno accedió el pasado viernes, desde el sentido común, a permitir de nuevo la aplicación de nuestro superávit por quinto año consecutivo, ampliando además el abanico de obras financieramente sostenibles.

Pero hay que ir más allá. Porque si los Ayuntamientos y diputaciones somos, como hemos demostrado, la punta de lanza de la regeneración política y los que aspiramos cada día a dar más y mejores servicios a los ciudadanos, eso tiene que verse recompensado desde otras instancias.

Y así, el siguiente paso, tras permitirnos invertir el superávit, debe ser la flexibilización del techo de gasto para poder invertir, en servicios para nuestros vecinos, parte de los 23.500 millones de euros que mantenemos en depósitos bancarios porque la ley nos impide emplearlos hasta hoy.

Y como colofón, es el momento de equipararnos a los países de vanguardia en Europa, como son los casos de Alemania o de Austria, en el reparto de los ingresos del Estado. Porque si nuestros socios con patrones modelo en clave de federalismo destinan en torno al 25% de sus ingresos a las políticas municipales, nuestra modernidad y reforma del Estado de las Autonomía debe caminar también hacia ese objetivo.

Quiero decir que, en última instancia, para hacer realmente justicia con las entidades locales, para resarcir a los que fuimos la Cenicienta de la Transición Española y para dotar de mayores cotas de bienestar a nuestros vecinos y vecinas, es la hora de establecer una financiación local justa y acorde al servicio que prestamos a la gente de este país.

El Gobierno debe dar la muestra más evidente de que cree firmemente en los que, a diario, escuchamos a los vecinos y vecinas y los atendemos en su cotidianidad. Y esa prueba pasa, sin duda, por meter el dedo en la llaga de la financiación de los Ayuntamientos y las diputaciones de este país.

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