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Hay que prestar atención a lo que ha ocurrido en Palma de Mallorca. Puede marcar un cambio de tendencia. El Ayuntamiento va a prohibir el alquiler de pisos con fines turísticos en edificios familiares. Sólo se permitirá el alquiler en los edificios de apartamentos turísticos regulados. Aunque establecen la excepción de los arrendamientos con fines vacacionales en viviendas unifamiliares. Según ha explicado el alcalde Palma, Antoni Noguera, en esa ciudad estiman que existen unos 11.000 pisos en plataformas de alquiler con fines turísticos, aunque oficialmente sólo están inscritos 645. Otras estimaciones añaden que el 95% de los pisos alquilados a turistas corresponden a ofertas irregulares.

En Palma de Mallorca gobierna una coalición formada por PSOE, Podemos y Més. Es decir, partidos de izquierda, a veces con planteamientos bastante más radicales de lo que estamos acostumbrados con el PSOE de Susana Díaz y Juan Espadas. Tampoco son iguales los casos de Sevilla y Palma. La capital mallorquina es una ciudad orientada al turismo de playa, con una industria hotelera fortísima. Las islas Baleares son el origen de cadenas hoteleras de impacto mundial, como Meliá, Barceló o Riu. Además de que Mallorca es la isla preferida de los alemanes.

El alquiler de pisos familiares con fines turísticos ha sido y es habitual en las costas andaluzas. Miles de sevillanos alquilan pisos para veranear en playas de Cádiz, Huelva o Málaga. Y eso no viene de ahora, sino de María Trifulca y antes. En teoría, eso es lo que pretenden prohibir en Palma de Mallorca, excepto que sean alquilados en edificios de apartamentos turísticos, inscritos como tales, y con sus correspondientes llaves indicativas en la fachada.

En Sevilla no hay datos exactos del alquiler de pisos turísticos. Según algunas estimaciones, movieron más de 26 millones de euros el año pasado (entre los legales y los ilegales). Se da por supuesto que más de la mitad no están inscritos. El presidente de la patronal hotelera, Manuel Cormax, ha alertado varias veces sobre la falta de control, que perjudica al sector turístico.

Sin embargo, los movimientos contra los pisos para el turismo están aumentando por otras consecuencias: el encarecimiento de los alquileres y la distorsión del mercado inmobiliario. Es difícil mantener ese equilibrio, que afecta a los vecinos y residentes en la ciudad. En Sevilla parece que la reacción ha llegado tarde.

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