Mal se han hecho las cosas en el asunto Puigdemont, un político mediocre que está excelentemente asesorado por sus abogados, que se están haciendo de oro indicando los pasos que debe dar para recuperar la Generalitat. Confesaba uno de ellos que deben andar por los 600.000 euros en minutas, que paga el PDeCAT aunque por lo visto remolonea y temen que diga que no suelta un euro más. Se comprende: Puigdemont pasa de su partido excepto para que se haga cargo de sus cuentas.

Su viaje a Copenhague estaba bien pensado, nuevo baño de publicidad en una universidad y, si lo detenían, dejaba de ser prófugo para convertirse en preso, y según la doctrina Llarena, los prófugos no pueden votar en la investidura pero los presos sí. Operación redonda. Cometió un disparate el fiscal general al anunciar que pediría la euroorden para arrestarlo, no pensó en que le daba la oportunidad de votar, pero peor fue anunciarla: nadie advierte de su estrategia al adversario. Menos mal que el juez estaba al quite. Así que la operación fue desmoronada.

El presidente del Parlament, si pretende fomentar su tinte institucional, también ha cometido un disparate al designarlo candidato. Cuenta con más apoyos que nadie, pero si se hubiera plantado ante PDeCAT y ERC alegando que es un prófugo, seguro que los dos partidos habrían elegido otro con tal de no perder la presidencia del Govern. Torrent dijo que quiere reunirse con los presos, con los fugados y con Rajoy. Por lo que sabemos, éste no tiene intención de hacerlo, aunque lo acusarán una vez más de falta de diálogo.

Aunque para disparate mayúsculo, el de Puigdemont. Dijo en la universidad danesa que el franquismo se mantiene en España y que no es un país democrático. Una profesora le hizo la pregunta del millón. ¿La democracia sólo significa que se puede votar o que se debe cumplir la ley? En España habrían calificado a su interlocutora de facha, el adjetivo que más gusta a los independentistas.