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EL candidato de Bildu fue elegido ayer diputado general (presidente) de la Diputación de Guipúzcoa. La elección fue posible por la falta de acuerdo entre los partidos democráticos (PNV, PSOE, PP) para presentar un candidato alternativo que dejara fuera del poder a los herederos de Batasuna, que habían logrado la minoría mayoritaria de representantes en las urnas. De este modo, el nacionalismo radical independentista, integrado por independientes vinculados a la ilegalizada Batasuna y dos pequeños partidos (EA y Alternatiba), ha logrado la cuota de poder más elevada de toda su historia, que aparte de la Diputación guipuzcoana incluye un centenar de ayuntamientos, encabezados por el de San Sebastián. La Diputación así conquistada pone en sus manos importantes competencias en materia fiscal, infraestructuras y servicios sociales, con un presupuesto millonario y 1.700 trabajadores. El nuevo presidente, Martín Garitano, que homenajeó simbólicamente a Arnaldo Otegi, expuso un programa completamente acorde con las expectativas levantadas por la nueva estrategia de Batasuna: llamamiento al diálogo entre el Gobierno y la banda terrorista ETA para solucionar "el conflicto" , ejercicio del derecho a decidir de Euskal Herria, incluyendo la independencia, y normalización de la vida vasca afrontando, a la vez, el sufrimiento de "todas las víctimas" y "la cuestión de los presos". La condena de la violencia terrorista, condición exigida por los demócratas para la pretendida normalización del País Vasco, queda para mejor ocasión. Los síntomas mostrados hasta ahora por la coalición Bildu ya instalada en las instituciones, sin haberse disuelto ETA ni haberla condenado, no dan pie a la esperanza. Se ha retirado la bandera de España en algún ayuntamiento, se ha prohibido el acceso en otros a los escoltas que protegen la vida de los concejales constitucionalistas y se preparan homenajes a los terroristas presos. Bajar la guardia ante estos hechos es lo último que el Estado democrático se puede permitir.

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