LA reanudación del curso político en septiembre reavivará el debate sobre la reforma legal para que los extranjeros empadronados puedan votar en las elecciones municipales. Me parece bien, todo vecino legalizado, sea castizo o exótico, tiene derecho a participar. El PSOE es el partido con más prisa en ampliar el censo electoral porque calcula que entre los inmigrantes puede rebañar una parte de los votos que teme perder por la erosión de su imagen en plena crisis económica. La urgencia delata lo que tiene de maniobra. Porque son innumerables las voces que llevan pidiendo en España desde hace un cuarto de siglo una reforma de la ley electoral para jubilar el sistema d'Hondt de asignación de escaños y para obligar a que sean abiertas las listas de candidatos de todos los partidos, lo que permitiría al pueblo soberano elegir a sus políticos favoritos y no tragarse el sapo de las listas cerradas bajo llave por los comités centrales, en las que, además de excelentes dirigentes, se blindan a gestores desacreditados y se aúpan a otros que no se han placeado para que los ciudadanos juzguen sus méritos.

Esa es una de las grandes reformas pendientes de la democracia española. Los partidos se han atrincherado en un sistema que sólo estaba justificado, en un periodo de bisoñez y falta de estructuras, para consolidar la transición y desmontar el franquismo con sus nostalgias golpistas. Pero esa etapa ya pasó y la falta de reformas ha conducido a un exceso de partitocracia y dedocracia que diezma la democracia interna de los partidos y pervierte la relación entre representantes y representados.

Sí, que voten a su alcalde, que es el nuestro, los 3.200 bolivianos, los 2.500 colombianos o los 900 rusos que hay en Sevilla. Pero que debuten del mejor modo posible: con papeletas en las que marquen con una cruz las personas que prefieren para gestionar su localidad. Esa es la verdadera democracia de proximidad.